La comunidad LGBTI en conjunto con organizaciones femeninas presentó un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los colectivos desplegaron ante el ente internacional varios documentos con casos de violencia sexual y de género en medio de las protestas en Colombia.
El documento elaborado por al menos 12 organizaciones sociales, señala que “en contextos represivos, como el que se vive desde hace más de mes y medio durante el estallido social en el país, las mujeres y personas LGBTIQ son arrestadas, humilladas, violadas, asesinadas y desaparecidas por desafiar roles tradicionales y patriarcales que les han sido impuestos”.
Dentro de las quejas que le hacen a la CIDH, destacan “que la fuerza pública ha utilizado las violencias sexuales y otras violencias basadas en género contra las mujeres y personas LGBTIQ, como parte de la represión violenta de la protesta, lo que representa una violación a sus Derechos Humanos, especialmente a hacer parte de la vida pública y política del país”.
Es por esto y por “los conocidos obstáculos” que enfrentan las mujeres y la comunidad LGBTIQ para denunciar con rapidez la violencia sexual y la violencia basada en género, se espera que la CIDH “esté abierta a recibir sus testimonios con posterioridad a su visita, para conocer de primera mano las situaciones (…) vividas en el marco del paro nacional”.
Destacaron que es importante “ofrecer recomendaciones específicas y apoyo técnico al Estado colombiano con el objetivo de asegurar que la investigación de casos de violencia policial contra personas LGBTI en el marco del Paro Nacional, se realicen de manera imparcial”.
Los colectivos señalaron que se debe hacer una investigación seria y libre de prejuicios relacionados con la diversidad sexual y de género, del mismo modo: “Que tengan en cuenta como hipótesis investigativa que la violencia contra manifestantes LGBTIQ puede estar motivada o agravada por el prejuicio hacia su orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género”. De igual forma destacaron: “Si queremos prevenir este tipo de delitos y evitar la impunidad, deben ser nombrados y los responsables enjuiciados”.
