La Procuraduría General de la Nación adelanta seguimiento estricto a la aplicación del decreto que otorga beneficios a pequeños y medianos productores del campo y que busca facilitar la reactivación económica del sector agropecuario, pesquero acuícola, forestal y agroindustrial.
A la PGN le corresponde velar por el cumplimiento de la Ley 2071 de 2020 y del Decreto 596 del 1 de junio de 2021, por lo que exhorta a las gerencias generales del Banco Agrario y a la banca privada, que otorga créditos respaldados en el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), para que de manera inmediata procedan a la aplicación de los beneficios completados en la normativa.
El Ministerio Público, con el apoyo de la Contraloría General de la República, acompaña y propicia las mesas de trabajo que se vienen desarrollaron desde enero de 2020 entre los líderes campesinos y el Gobierno nacional, ante la difícil situación social y económica que afrontan los productores del campo por los créditos vencidos y los procesos ejecutivos en su contra.
Estos espacios de diálogo dejan como resultado la expedición de la Ley de alivios financieros y el Decreto reglamentario en el que el Gobierno Nacional facilita la recuperación económica de los pequeños y medianos productores, mediante la condonación de intereses corrientes, moratorios y quitas de capital, frente a las obligaciones adquiridas con el Banco Agrario y el Fondo Agropecuario de Garantías, administrado por FINAGRO.
A partir de la vigencia de estas disposiciones se beneficiarán cerca de 250.000 familias campesinas de bajos ingresos que se encuentran en mora en sus obligaciones financieras y no financieras al 30 de noviembre de 2020. Se prevé, incluso en créditos cuyos saldos de capital sea hasta de 2 millones de pesos, la condonación del 95%.
Avanzar en la construcción de la política para el campesinado
En el Día del Campesino, la Procuraduría General de la Nación hace un llamado tanto a las organizaciones y asociaciones del campo como a la institucionalidad a seguir avanzando en la construcción de la Política Pública para la Población Campesina que garantice de manera real y efectiva la promoción, protección y reconocimiento de los derechos integrales de esta población.
El Ministerio Público reitera la importancia de una articulación integral entre la institucionalidad y los campesinos de todo el territorio nacional para la formulación, construcción e implementación de esta política.
