El Canal del Dique es catalogado por los integrantes de la Ruta de Cimarronaje, como el principal cementerio del Caribe colombiano. El abogado de justicia transicional Adilene Meléndez indicó que, en ese lugar, fueron depositados miles de cadáveres entre el periodo de 1997 y 2005.
Esto llevó a que la Ruta del Cimarronaje en el Caribe colombiano, integrada por miembros de los procesos organizativos articulados de Comunidades Negras, Palenqueras y Raizales, presentará una solicitud de medida cautelar ante la Justicia Especial para la Paz.
La solicitud busca preservar los cadáveres que allí se encuentran, exigiendo que el Megaproyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique establezca protocolos para su exhumación de los cuerpos.
El abogado de justicia transicional Adilene Meléndez sostuvo que esta solicitud fue acatada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que dio inicio al trámite de medidas cautelares que buscan proteger y preservar los cuerpos de víctimas de desaparición forzada, que presuntamente se encuentran en los lugares de injerencia del megaproyecto.
“La Ruta del Cimarronaje tuvo contactos con máximos responsables de los crímenes; es decir, con ofensores del existente Bloque de los Montes de María de las Autodefensas Unidades de Colombia”, indicó Meléndez.
Añadió que la JEP también hizo contactos con “víctimas de conflicto en el norte de Bolívar y la zona del Atlántico; coincidieron que en esa región del Canal del Dique había aproximadamente 25 puntos que eran considerados botaderos, donde los paramilitares echaban los cadáveres cercenados”.
Señaló que “conversando con líderes de Puerto Badel y Rocha, nos decían que había días donde pasaban 40 cadáveres. Afirman que eran tantos los cadáveres, que ya las aves carroñeras no comían animales, comían cadáveres humanos. La comunidad no tomaba agua del río porque estaba contaminada”.
“Ojalá los mismos ofensores pudieran decirle a la opinión pública los atroces hechos que hoy yacen sobre el Canal del Dique, lugar donde pretende iniciar un proceso de dragado sin que haya un mínimo de protocolo para la búsqueda de las personas que están allí”, puntualizó el abogado Meléndez.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), señaló que el estado tiene un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir de la comunicación de esta decisión, para que se pronuncien sobre la solicitud hecha por los peticionarios.
El megaproyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique comprende la construcción de dos sistemas de esclusas en las poblaciones de Calamar y Puerto Badel, con estas obras se disminuiría el riesgo de inundación en las poblaciones ribereñas.
De no cumplirse lo notificado en el auto de la Justicia Especial Para la Paz, la Ruta del Cimarronaje aseguró que adelantaría las acciones ante el sistema nacional de justicia para exigir el derecho de la recuperación de los cadáveres.
