Con pliego ‘imposible’ se sentaron promotores del paro y el Gobierno

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Luego de que el Comité del Paro entregará al Gobierno Nacional un documento de tres hojas que contiene sus exigencias sobre las garantías de protesta y las mesas de negociación. La reunión se levantó para que el Gobierno las analice y se retomará mañana después de medio día.

Esta decisión se tomó luego de una reunión que duró cerca de cuatro horas y a la que no asistió el presidente Iván Duque, quien se encuentra adelantando un consejo de seguridad en Pereira.

Sin embargo, de parte del Gobierno asistieron el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos; los ministros de Interior, Daniel Palacios; Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, y Vivienda, Jonathan Malagón, el alto consejero para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, y la alta consejera para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, entre otros funcionarios.

Esta reunión empezó pasada las dos de la tarde y en la antesala a la reunión, hubo una controversia sobre el ingreso de Nelson Alarcon, miembro de Fecode, porque llevaba puesta una camisa que decía ‘Ni una masacre más’. Cuando desde el gobierno le pidieron que se retirara la prenda el sindicalista indicó que “yo no me la voy a quitar creo que es un derecho legítimo de exigir que paren la masacre y la barbarie en Colombia, eso no es pecado”.

Por su parte Francisco Maltes de la Central Unitaria de trabajadores, a la entrada del recinto sostuvo que “el Comité Nacional de paro viene con la intención de hacer un acuerdo sobre el pliego de emergencia que presentamos en junio del año pasado y creemos que en primer término se deben establecer las garantías para el ejercicio de la protesta social, porque lo que hay hoy es una vulneración sistemática a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario”.

A partir de este momento los dos sectores se reunieron a puerta cerrada, pero este medio pudo conocer que el ambiente al principio de la reunión estuvo tenso por la ausencia del primer mandatario.

Sin embargo, la reunión siguió adelante con la lectura de peticiones por parte del Comité Nacional del Paro, que integra 19 peticiones y que se encuentra dividido en varias partes que buscan “garantías para proteger la protesta social”. Además, contiene varios apartes entre los que se encuentran: medidas inmediatas, mecanismos de verificación y medidas para acordar ajustes normativos.

PETICIONES

Un documento de tres hojas que contiene las exigencias del Comité del Paro, sobre las garantías para la protesta social y para las mesas de negociación fue presentado este domingo al Gobierno, en el marco de las negociaciones entre los dos sectores.

Este documento será estudiado por el Gobierno y deberá entregar una respuesta en la próxima reunión que se adelantará este lunes festivo.

Este documento se encuentra dividido varias partes, entre los que se encuentran: medidas inmediatas, mecanismos de verificación y medidas para acordar ajustes normativos. También cuenta con un aparte de garantías para las mesas de negociación.

Como medidas inmediatas el Comité Nacional de Paro exige que no se declare el estado de Conmoción Interior, que se retire al Ejército y al ESMAD completamente del control de las protestas y que se ordene a la Policía abstenerse de utilizar armas de fuego y otras que puedan producir heridas en estas situaciones como el caso de la Venom.

Bajo esta misma línea pidieron adoptar medidas urgentes que detengan: “los asesinatos y los ataques que están realizando grupos de civiles armados contra los manifestantes” y que las autoridades se abstengan de realizar detenciones indiscriminadas, además de que se respeten los derechos humanos”.

Además, exigen que el presidente de la República y los comandantes de las Fuerzas Armadas condenen de manera explícita y contundente los abusos de la Fuerza Pública y se comprometan a que estos actos no serán tolerados y que por el contrario sean investigados y sancionados.

De igual manera pidieron que el Ministro de Defensa, Diego Molano, presente disculpas públicas por el uso excesivo de la fuerza cometidas por el ESMAD y la fuerza pública en el marco de las protestas y que se retire a los uniformados implicados de la fuerza.

También exigen que se ordene a todas las autoridades públicas abstenerse “de continuar estigmatizando a la movilización ciudadana, y rectificar públicamente las calificaciones de `vandalismo criminal´, `terrorismo vandálico´, con que el Gobierno Nacional se refieren a quienes nos encontramos protestando”.

De igual manera dijeron que se deben adoptar de inmediato medidas específicas para detener la violencia sexual ejercida por la Fuerza Pública contra las mujeres en el marco de las protestas, empezando por la prohibición expresa de la violencia sexual como mecanismo de control de orden público y pidieron una serie de lineamientos en este sentido.

Por último, en las medidas inmediatas exigieron al Gobierno establecer un mecanismo para que las personas que han sufrido violaciones a sus derechos en el marco de las protestas puedan acceder a la reparación de estos.

MECANISMOS DE VERIFICACIÓN

En este sentido el punto más importante que exigió el Comité Nacional del Paro, es que el Gobierno Nacional acepte de inmediato el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para realizar una visita de trabajo en Colombia para observar en terreno la situación de derechos humanos en el entorno de las protestas sociales que dieron inicio el 28 de abril.

Bajo esta misma línea solicitó que se acepte el pedido de visita de los relatores de Naciones Unidas de: derecho a las protestas, libertad de expresión, violencia contra las mujeres, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, defensores de derechos humanos y tortura.

También pidieron implementar el “Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, a la libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la participación”, tanto en el nivel nacional como municipal.

De igual manera solicitaron crear de inmediato en la Fiscalía General de la Nación una unidad especial de alto nivel, y con toda la autonomía, para que se encargue de abrir y adelantar la investigación de todos los hechos de violencia cometidos por la fuerza pública en contra manifestantes en las movilizaciones realizadas en todo el país desde el pasado 28 de abril.

También que la Procuraduría General de la Nación ejerza el poder preferente para asumir la competencia de todas las investigaciones disciplinarias contra los miembros de la fuerza pública involucrados en violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas y que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas active un dispositivo de rendición de cuentas sobre los mecanismos de búsqueda que se han activado, es decir el número e identidad de las personas encontradas con vida y las investigaciones que se han abierto por las agresiones sufridas.

A LARGO PLAZO

En este punto el Comité Nacional del paro pidió establecer una Comisión de Trabajo para acordar las medidas de garantías de la protesta, retomando los lineamientos construidos en el proceso de consulta previsto y establecer un proceso amplio de discusión sobre la reforma a la Policía Nacional, para que no se repitan los hechos de violencia durante las protestas del 21 noviembre de 2019, del 9 y 10 septiembre de 2020 y los ocurridos desde el 28 de abril de 2021.

GARANTÍAS PARA LAS MESAS DE NEGOCIACIÓN

En este punto el Comité Nacional del Paro destaca que para que la mesa de negociación perista se debe garantizar además de la eliminación de la violencia, la suspensión y el impulso de proyectos de ley o decretos relativos a los temas que se estén discutiendo en los procesos negociación, como la reforma a la justicia.

Cambien se debe acordar una mesa de negociación con las y los jóvenes y las diversas ciudadanías movilizadas, que no están representadas en las organizaciones sociales.

Por último, el Comité Nacional del paro dijo que el inicio del proceso de negociación no implica la suspensión las movilizaciones y protestas convocadas por el Comité Nacional de Paro o por otros sectores sociales.

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