La ONG Temblores; la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos; el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos; la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Bord y el senador Iván Cepeda denunciaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas crímenes de lesa humanidad ocurridos en las manifestaciones contra el Gobierno de Iván Duque.
La denuncia también va contra el ministro de Defensa, Diego Molano; el comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, y el director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, en calidad de señalados como “máximos responsables”.
De acuerdo con los denunciantes, los sindicados “teniendo la capacidad material para prevenir la comisión de estos delitos o promover el castigo efectivo de los presuntos responsables, no lo hicieron”.
Adicionalmente, en la denuncia incluyen al expresidente Álvaro Uribe como de ser uno de los “principales instigadores” de crímenes de lesa humanidad que ocurrieron en las protestas.
El informe sostiene que durante las protestas se han presentado delitos contra la población civil como “homicidios, torturas, privaciones graves de la libertad física, violencia sexual y desapariciones forzadas”.
“Se documentaron 24 casos de asesinato y 50 de víctimas de tentativa de asesinato; 16 víctimas de violencia sexual; 11 víctimas de desaparición forzada; 129 víctimas de tortura y 1365 víctimas de detención irregular”, expresa la denuncia.
La denuncia concluye con la petición a la fiscal de la CPI Fatou Bensouda para que visite Colombia y pida al Estado información adicional para ampliar la lectura sobre estos hechos.
