El presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie R., señala que los logros alcanzados por la ganadería colombiana tras muchos años de trabajo y aportes, “están siendo amenazados por proyectos que cursan en diferentes instancias en el Congreso de la República”, a la vez que especifica que son proyectos de iniciativa parlamentaria y gubernamental.
Indica, en una comunicación enviada al presidente de la República, que son proyectos que se soportan en teorías, tendencias o modas que, sin sustento alguno o con argumentos de validez relativa, buscan que la humanidad le dé la espalda a la ganadería, ‘satanizando’ la actividad ganadera desde diferentes perspectivas, y no pocas veces malintencionadas, en temas como el medio ambiente y el cambio climático, el bienestar animal, y la salud y la nutrición humanas.
Pero también en equívocas concepciones de reforma agraria.
Agrega que “la ganadería sigue cargando con los estereotipos, o mejor, las narrativas sembradas en la opinión pública por la izquierda armada y desarmada, y por otros sectores malquerientes, relacionadas con las posiciones verticales del sector frente a temas históricos del desarrollo rural, como el derecho constitucional a la legítima propiedad privada de la tierra en el marco de equívocas concepciones de reforma agraria, basadas en la expropiación y redistribución de la tierra; la demanda permanente de bienes públicos rurales y políticas consistentes de desarrollo agropecuario, es decir, de verdaderas “reformas agrarias”, y por supuesto, la seguridad frente a la violencia de las guerrillas comunistas y su degradación posterior en narcoterrorismo, junto al surgimiento de otros actores violentos, hoy ligados todos al narcotráfico”.
Amenazas desde los desarrollos legislativos
Tres son los proyectos que expone el presidente de los ganaderos que amenazan la actividad productiva ganadera, y sobre los cuales llama la atención del presidente Duque. Estos proyectos son:
1.- Proyecto de Ley Estatutaria No. 132/20 – Cámara
“Por la cual se crea una especialidad judicial rural y agraria, se establecen los mecanismos para la resolución de controversias y litigios agrarios y rurales y se dictan otras disposiciones”
Este proyecto —que es de origen gubernamental y que ya hizo tránsito al Senado (PL.395/21-S)— está en la recta final para convertirse en Ley de la República.
Sobre esta iniciativa considera Lafaurie que es otro ataque a la propiedad privada de la tierra que traería consecuencias impredecibles para la ganadería, toda vez que está permeado por la concepción del desarrollo rural y de la propiedad de la tierra que las Farc impuso en las negociaciones con el gobierno Santos.
El proyecto contempla la creación de una amplia burocracia judicial rural. La exposición de motivos se ocupa de la elección entre una “jurisdicción agraria y rural” o una “especialidad” agraria y rural, tanto en la jurisdicción ordinaria como en la contenciosa – administrativa.
La creación de una amplia burocracia judicial rural que “no parece realista frente a la historia de ausencia del Estado –y de la justicia– en el campo, ni frente a la realidad de violencia por parte de actores ilegales, que está detrás de los conflictos de tierras derivados del despojo por las necesidades de control territorial del narcoterrorismo armado.
Advierte que la implementación de esa infraestructura judicial rural requerirá de apropiaciones presupuestales que no consultan la realidad de la actual coyuntura, o bien, se limitarán a “las salas” y sus magistrados urbanos, mientras, en el entorno rural, muy seguramente, estos buenos propósitos terminarán en los juzgados promiscuos que apenas logran funcionar bajo la presión extorsiva de la ilegalidad.
2.- Proyecto de Ley No. 011/20 – Cámara
“Por la cual se expide el Código Nacional de Protección y Bienestar Animal”
Respecto a este proyecto, Lafaurie Rivera hace dos observaciones preliminares:
Uno, que su autor y ponente es un defensor declarado del veganismo y del animalismo extremo, y, en consecuencia, es también enemigo declarado de la ganadería y de todas las actividades pecuarias.
Dos, busca compilar en un solo cuerpo normativo Código Nacional de Protección y Bienestar Animal, pero lo que incorpora no consulta la realidad del país rural ni de la producción pecuaria.
En cuanto al proyecto señala algunos aspectos puntuales que afectan a la ganadería y los claramente inconvenientes, como son:
a) Crea una nueva parafiscalidad
Crea el Fondo Nacional de Bienestar Animal -FNBA- con el propósito de administrar los recursos de las contribuciones parafiscales de bienestar animal.
También crea y establece las siguientes “contribuciones parafiscales de bienestar animal” que afectan a la ganadería:
Por eventos: El 10% adicional sobre el total de las ventas que realice toda persona jurídica cuyo objeto social sea la realización, producción y comercialización de ferias, eventos deportivos, campeonatos y, en general todas las actividades en las que se utilice o comercie con animales domésticos.
Por participación: El 5% sobre el precio de participación de cualquier especie animal en eventos públicos como exposiciones, ferias, subastas, y en cualquier evento que implique concentraciones de animales en pie.
Esta contribución, señala Lafaurie, afectaría a los mismos eventos, pero no ya a la empresa organizadora sino al ganadero participante.
Contra el maltrato animal: El 50% adicional sobre el valor de cada boleta vendida para cualquier actividad o evento que implique maltrato animal, según lo estipulado en este código.
Por publicidad: El 20% sobre el precio de cualquier tipo de publicidad que promueva el consumo o el maltrato de animales.
Explica el dirigente gremial que esta contribución afecta la publicidad de carne bovina y de cualquier especie, y por extensión, el precio mismo de estos productos.
Por materia prima: El 10% sobre el precio de la venta de materias primas derivadas de animales como cueros, pieles, pelos, sedas, lanas, gelatina, colágeno, grasas o cualquier otra utilizada en la elaboración de productos que no se destinen para el consumo alimentario o uso médico.
Esta contribución puede afectar indirectamente a la ganadería pues el cuero hace parte del animal sacrificado, lo cual puede afectar eventualmente las tarifas de sacrificio para reponer el costo de la contribución, aduce Lafaurie R..
b) Crea una burocracia del Bienestar Animal mediante los siguientes instrumentos
1- La Comisión Técnica de Animales de Laboratorio – CTAL.
2- El Consejo Nacional de Protección y Bienestar Animal – CNPYBA.
3- Juntas Defensoras de Animales – JDA, interinstitucionales, sin personería jurídica y con participación ad honorem.
c) Sobre algunas prácticas ganaderas
– Prohíbe “las prácticas de encierro, aislamiento y amputaciones que no sean necesarias por recomendación veterinaria o por razones sanitarias. En todo caso, no podrá haber hacinamiento”. Establece que “Las castraciones y demás procedimientos quirúrgicos deberán adelantarse con anestesia o cualquier otro mecanismo tendiente a reducir el dolor y evitar el estrés. Estos procedimientos deberán ser realizados, sin excepción alguna, por médicos veterinarios o médicos veterinarios zootecnistas…”
– Prohíbe el “marcado a fuego”. Esta es una característica de la ganadería en muchas regiones y sistemas de producción y además una práctica ancestral, explica el presidente de Fedegán, pero el proyecto no consulta la realidad.
3.- Proyecto de Ley no. 283/19 – Cámara
“Por medio del cual se sustituye el Título XI, “De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente” de la ley 599 del 2000 y se dictan otras disposiciones”
Este proyecto -en donde se sustituye el Título XI de la Ley 599 de 2000 sobre “delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”- busca legislar sobre las conductas que lo afectan, pero con un enfoque que trasciende el ámbito de las sanciones de índole administrativa, para convertirlas en conductas sancionables por el derecho penal, es decir, convirtiéndolas en delitos.
La iniciativa se convierte en una amenaza para la ganadería por la ambigüedad en la caracterización de estas conductas delictivas, enfrentada a falsas narrativas que pesan sobre la actividad ganadera que pueden terminar convirtiendo, frente a la visión sesgada de un demandante o de un juez, al ganadero en un delincuente ambiental.
