La Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del Departamento del Magdalena, emitió este lunes un comunicado a la opinión pública denunciando las irregularidades y preocupaciones sobre la implementación de la política pública de las víctimas del conflicto armado por parte del gobierno departamental.
Aquí el comunicado completo:
Desde la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del Departamento del Magdalena, deseamos manifestarnos en relación con las acciones y omisiones en torno al proceso de implementación de la política pública de las víctimas del conflicto armado a nivel departamental. Por lo tanto, rechazamos y denunciamos:
1. VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN:
Recordamos que la participación no es una acción voluntaria o favor del gobierno de turno, sino que, por el contrario, es un valor, principio y fin del Estado Social de Derecho, en estricta relación con el artículo 3 constitucional en donde se proclama la soberanía exclusivamente en el pueblo; por tanto, es un derecho inviolable y legítimo del pueblo a intervenir en la gestión pública de manera directa e indirecta.
Las víctimas del conflicto armado no actúan como sujetos pasivos en la implementación de la Ley 1448 de 2011, Decretos – Ley Étnicos, ni en sus Decretos reglamentarios y otras normas concordantes. Deben ser actores activos y permanentes en todas las fases de la política pública, entre estas, diseño, formulación, ejecución y seguimiento. Entenderlo de otra manera constituye una forma de revictimización estatal.
Para orientar a entidades territoriales, en las garantías de participación para la población víctimas del conflicto armado, por mandato legal, se expidió el Protocolo de Participación Efectiva de Víctimas, con sendas Resoluciones que detallan sin lugar a duda, las medidas contentivas que deberán garantizarse a las víctimas para ejercer su derecho.
Pese a existir normas detalladas de obligatorio cumplimiento y el reiterado llamado de la Mesa Departamental de Víctimas, así como del Ministerio Público; el Gobierno Departamental del “Magdalena Renace”, omite su deber y cercena el derecho a la participación, dejando sin elementos funcionales, técnicos ni operativos a los representantes de las más de 300 mil víctimas del Magdalena, las cuales, cuatro meses de la vigencia 2021, no han contado con garantías para reunirse (aplicando criterios de bioseguridad) y hacer seguimiento oportuno y efectivo a los planes y proyectos que deben llegar a las víctimas del Magdalena, ahora más vulnerables en medio de la pandemia. Se les ignora e invisibiliza.
La Defensoría del Pueblo ha realizado tres requerimientos en este sentido al Gobierno Departamental del Magdalena, pero este pareciera desconocer la calidad de Ministerio Público, y se irrumpe sin temor en la falta gravísimas de omitir respuesta.
2. FALTA DE GARANTIAS PARA EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS
Desde el inicio del gobierno “Magdalena Renace”, no hemos visto hasta esta fecha voluntad, compromiso para materializar las acciones que quedaron contempladas en el Plan de Acción Territorial Para Las Víctimas del Conflicto Armado del Departamento del Magdalena para la vigencia 2020-2023. La falta de acción contundente para ejecutar acciones programadas revictimiza a las más de 300 mil víctimas del departamento que se encuentran en alto grado de vulnerabilidad y a las cuales el covid-19 también afecta sin discriminación.
Los discursos y las excusas se han vuelto de oídas la más común de las acciones, pero las obras y materialización de los planes que por derecho tienen las víctimas ha sido nulo.
Se suma a esto, la grave situación humanitaria que padece el departamento, la cual no se ve respaldada en acciones efectivas en los casi año y medio de gobierno, sumado a las pésimas condiciones de seguridad para líderes y lideresas y la falta de claridad política territorial para prevenir y proteger.
Por lo anterior,
⮚ Denunciamos las irregularidades en la implementación de la política pública de víctimas en el departamento del Magdalena, la omisión del gobierno departamental y exigimos la intervención de las autoridades para mover al gobierno departamental del Magdalena a dar cumplimiento inmediato de las garantías de participación a las víctimas del conflicto armado, así como la activación de los proyectos y acciones que redunden en restablecimiento de derechos de las víctimas del Magdalena.
⮚ Instamos a los medios de comunicación local, regional y nacional a hacer un trabajo de investigación periodístico sobre los grados de cumplimiento de la política pública de víctimas por parte del gobierno departamental del Magdalena.
⮚ Invitamos a la sociedad civil y las veedurías ciudadanas a solidarizarse con las víctimas del conflicto armado del Magdalena y unirnos en una sola voz a un ¡BASTA YA! A LA REVICTIMIZACIÓN POR PARTE DEL ESTADO.
Firma
Mesa Departamental de Participación Efectiva de Víctimas
