La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión e inhabilidad especial por cuatro meses al alcalde de Chigorodó – Antioquia, Édgar Payares Berrío (2015), por incumplimiento de una sentencia judicial que, dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, ordenaba a la administración municipal reintegrar a la inspectora de policía de la época.
La PGN comprobó que el disciplinado no acató la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia en favor de la exfuncionaria, que además de regresarla a su cargo, ordenó al municipio descontar de la liquidación de los salarios y demás prestaciones dejadas de percibir desde su retiro hasta su reintegro, la suma de $48’201.811 correspondientes a la indemnización que le inicialmente le pagaron.
El ente de control estableció que el exmandatario incumplió disposiciones legales referidas a los deberes y prohibiciones de los servidores públicos.
La Procuraduría Provincial de Apartadó calificó definitivamente la falta de Payares Berrío como grave cometida a título de dolo. La decisión de primera instancia quedó en firme teniendo en cuenta el sancionado no interpuso recurso de apelación.
