La Contraloría General de la República celebró la decisión del Tribunal Arbitral Internacional que desestimó una demanda de Gas Natural Unión Fenosa para que Colombia le pagará alrededor de $1.310 millones de dólares, por los supuestos daños y perjuicios que le habría causado la intervención de Electricaribe, así como el también supuesto hecho de que acciones y omisiones del Estado colombiano hubieran llevado a la insolvencia de la empresa.
El organismo de control acompañó este proceso desde que se anunció y formalizó tal demanda, en momentos en que ejercía como Contralor General el doctor Edgardo Maya Villazón, quien advirtió -en su momento- que era una estrategia que la empresa española había aplicado con algún éxito en otros países como Ecuador y Argentina, y algunos de Centroamérica.
Para la CGR, la intervención de la empresa Electricaribe S.A ESP en noviembre de 2016, es el proceso más importante que se ha dado en la historia de los servicios públicos en Colombia en cumplimiento de lo dispuesto por la ley 142 de 1994, dado que se estaba frente a una empresa responsable de prestar el servicio de energía en los 7 Departamentos de la Costa Atlántica con aproximadamente 2.500.000 usuarios y aproximadamente 10 millones de colombianos en calidad de beneficiarios.
Las motivaciones para la intervención, recordó la Contraloría, fueron los hechos que pusieron en riesgo la continuidad en la prestación del servicio y que fueron declarados por la misma empresa controlante Gas Natural Unión Fenosa, que reconoció el hecho de la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones comerciales ante el mercado de energía mayorista (MEM).
En auditorías realizadas a Electricaribe, la CGR encontró que recursos estatales que debían subsidiar a usuarios de bajos recursos en la Costa Atlántica fueron utilizados por Electricaribe para reducir sus pérdidas.
La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por $187.227 millones a Electricaribe por la indebida aplicación de los recursos de destinación específica del Fondo de Energía Social (Foes), que debieron aliviar el valor a pagar en la factura del consumo de energía de los usuarios de los estratos 1 y 2 de las zonas especiales de la Región Caribe, durante el período comprendido entre julio de 2011 y octubre de 2016.
