El día de ayer, lunes primero de marzo, el contratista Roberto Campo Severini, quien aparecía en las listas de vacunación en Pivijay, se presentó en el hospital Santander Herrera, en donde trabaja y donde está habilitado el centro de vacunación, para aplicarse la dosis.
Pese a que aparecía en el listado, en el hospital le explicaron que no sería vacunado. Todo esto se dio después de una denuncia en la que se evidenció que Campo Severini quien ha sido centro de polémica en el pasado ahora figuraba en la lista de personas a vacunar pese a no ser personal de salud en primera línea frente al covid-19, ni ser mayor de 80 años.
Al respecto, el Hospital Santander Herrera publicó un comunicado a la opinión pública en el que informó que a la base de datos de los vacunados se les hizo una verificación y se hicieron tres novedades:
“Una persona que aparece relacionada en el área administrativa, que no pertenece a la primera línea de atención”, ese es el caso de Roberto Campo Severini, quien fue retirado de la lista.
“Dos trabajadores del hospital Santander Herrera que ya fueron vacunados en otras IPS” y “un funcionario que aparece dos veces en el listado de vacunación”.
La gerente del hospital, Mayra Castro Brito, garantizó que el proceso de vacunación “se está llevando de manera transparente y eficaz para reducir cualquier situación que perjudique las aplicaciones de las dosis contra el covid-19”.
Los antecedentes de Roberto Campo Severini, son muy particulares: esta persona estuvo a punto de ser designada como gerente del hospital Santander Herrera de Pivijay por parte del gobernador Carlos Caicedo, incluso, fue al evento donde se debía hacer su nombramiento de manera oficial, pero, a último minuto, fue echado para atrás debido a una denuncia ante las tachas del funcionario.
Al momento de la denuncia, Roberto Campo Severini era investigado dentro de un proceso de Restitución de Tierras, como presunto poseedor de unos predios que suman casi 100 hectáreas en el municipio de Pivijay, que en el pasado fueron despojados por los paramilitares, y que luego fueron comprados por Campo Severini, a un precio irrisorio.
Con el paso de los meses, la denuncia fue confirmada por la sentencia que ordenó a los dueños originales volver a sus tierras.
