Las elecciones atípicas se deben realizar, teniendo en cuenta la falta absoluta del Alcalde de Tenerife, quien falleció a causa del Covid-19.
La Procuraduría General de la Nación, inició acciones de control, acompañamiento y vigilancia del proceso de elecciones atípicas para la alcaldía de Tenerife, proceso que se estaba programado para el 28 de marzo, pero que se encuentra suspendido por una acción de tutela presentada por uno de los aspirantes al cargo ejecutivo.
Hoy se conocería el fallo a la acción de tutela admitida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Santa Marta, que ordenó suspender el proceso eleccionario, hasta tanto no se resuelva la presunta vulneración de derechos de Julio Gómez, aspirante al cargo de Alcalde, por el movimiento Fuerza Ciudadana.
La muerte Freddy Ramos Hernández, alcalde de Tenerife obligó a las autoridades a dar apertura a un nuevo proceso electoral para la elección de mandatario; sin embargo, tanto la Gobernación del Magdalena como la Registraduría Nacional del Estado Civil, fueron blanco de una acción de tutela por presunta vulneración de derechos a un aspirante al cargo ejecutivo.
Hoy se emitirá la respuesta a la reclamación expuesta por el militante de Fuerza Ciudadana, que asegura que su colectividad al no ser un partido con personería jurídica, debe iniciar el proceso de recolección de firmas, para aplicar al cargo ejecutivo, sin embargo, la Registraduría le habría dado solo dos días para presentar las más de 2000 firmas necesarias para entrar a la contienda electoral.
Julio Gómez, respaldado por los ciudadanos Jesús Gustavo Peñaloza Buelvas, Jesús David Barrios Arrieta y Daniela Isabel Padilla Anaya, presentaron la acción de tutela que respalda la presunta vulneración de derechos, por lo que el proceso fue suspendido; sin embargo, el aspirante de Fuerza Ciudadana, asegura que ahora está a la espera de los formatos de recolección de firmas.
El nuevo mandatario gobernará hasta el 31 de diciembre del año 2023. La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a las autoridades a garantizar el desarrollo transparente de las jornadas electorales, y a observar, de manera estricta, los protocolos de bioseguridad.
El Ministerio Público, a través de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales, activó los comités territoriales, en cabeza de los procuradores regionales, provinciales y personeros municipales, para brindar el apoyo necesario a la ciudadanía, ejercer vigilancia y control a los puestos de votación y participar activamente en los Puestos de Mando Unificado (PMU), desde donde se realizará el seguimiento y monitoreo a la jornada electoral.
