El año pasado se conocieron dos cartas donde el Gobernador del Resguardo Arhuaco del Cesar, Zarwawiko Torres, fungiendo como presidente de la Asociación de Cabildos de Dusakawi Epsi, le ordena a su gerente, Julian Malo Daza “tramitar y legalizar el contrato de la sra Luz Elena Izquierdo Torres, por la cuantía de 10 millones de pesos mensuales tal y como se había pactado con ella, a partir del 1 de octubre, noviembre y diciembre de 2020” y, además, deja entrever que “para el 2021 debe continuar con el contrato hasta que el cabildo tome otra decisión”.
Luz Elena Izquierdo, madre de la concejala de Bogotá, Ati Quigua, y en ese momento alta funcionaria de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, habría sido determinante no solo en la elección como gobernador de Zarwawiko Torres, sino también, en la rápida expedición del acto administrativo de registro y reconocimiento que hiciera esa cartera de su condición de gobernador a pesar de la oposición de mamos, autoridades y miembros de la comunidad.
Cinco meses han pasado desde que se dieron a conocer a la opinión pública nacional las denuncias en contra de la persona de Zarwawiko Torres Torres y la forma como se hizo elegir Gobernador del Resguardo Arhuaco del Cesar, y poco o nada es lo que los entes de control como la Contraloría y Procuraduría en lo que se refiere a la supuesta comisión de delitos contra la administración pública y, lo que es peor, la paquidermia e inactividad de la Fiscalía ante la noticia criminal que señala al personaje en cuestión de ser responsable de una violación de una menor de su comunidad.
Algunos sectores de las comunidades indígenas que habitan en la Sierra Nevada han dejado ver su malestar por la poca actividad y disposición de los entes de control y la Fiscalía General de la Nación ante las denuncias formuladas en contra del Gobernador del Resguardo Arhuaco del Cesar, por delitos relacionados con su ejercicio administrativo y en la EPS Dusakawi.
Recuérdese que desde el momento mismo en que se ventiló la elección de Torres Torres como Gobernador del Resguardo Arhuaco del Cesar y su posesión ante el Gobernador del Magdalena Carlos Caicedo, empezaron a conocerse versiones que apuntaban justamente hacia lo que es un secreto a voces en la Sierra Nevada: la impunidad luego de las denuncias.
Zawawiko Torres está auspiciado por Luz Elena Izquierdo, sus hijos: Ati Quigua Izquierdo, actualmente Concejala de Bogotá y, Norey Quigua Izquierdo, reconocido en la capital del país donde ha desarrollado gran parte de su vida profesional y, Blasina Izquierdo, sobrina de la primera y quien ha sido Gerente y Vice Gerente de la ‘deseada’ EPS Dusakawi.
El Clan de la Familia Izquierdo ha tenido a su cargo dos veces la gerencia y la subgerencia de Dusakawi Epsi, empresa intervenida con medida de Vigilancia Especial por Supersalud, desde 2012, fecha desde la cual presenta déficits operacionales anuales que han oscilado de 20.000 a 30.000 millones de pesos.
Una fuente consultada por Revista7 y que prefirió el anonimato, afirmó que Luz Elena Izquierdo habría incurrido en un conflicto de intereses y además en el presunto delito de Tráfico de Influencias porque: “siendo funcionaria de la Dirección de Asuntos Indígenas estuvo en la asamblea que eligió a Zarwawiko y, al mismo tiempo se presume que en razón de su cargo tuvo acceso a información privilegiada y tramites que influyeron administrativamente en el registro de Zarwawiko como Gobernador del Resguardo del Cesar, además, habría tenido incidencia en la no expedición del registro de reconocimiento al gobernador recientemente elegido para el Resguardo Arhuaco de Businchana y de retrasar el registro de Danilo Villafana como Gobernador del Cabildo Arhuaco Magdalena-Guajira”.
Como se afirmó en la nota: https://revista7sm.com/2020/10/14/caicedo-y-la-posesion-del-cuestionado-gobernador-arhuaco-del-cesar/ , publicada en este portal el pasado 14 de octubre, Luz Elena Izquierdo renunció en el Ministerio del Interior para ocupar un alto cargo en la conducción de Dusakawi Epsi. A este respecto, se conoció una carta en donde Zarwawiko Torres le solicita a Julian Malo Daza, en ese momento Gerente de Dusakawi Epsi “tramitar y legalizar el contrato de la sra Luz Elena Izquierdo Torres, por la cuantía de 10 millones de pesos mensuales tal y como se había pactado con ella, a partir del 1 de octubre, noviembre y diciembre de 2020” y, además, deja entrever que “para el 2021 debe continuar con el contrato hasta que el cabildo tome otra decisión”.
Es claro, pues, que en esta misiva se está incurriendo en el delito tipificado por el Código Penal como tráfico de influencias y descrito por el artículo 411 de la codificación así: “El servidor público que utilice indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses”.
En la misma carta, firmada entre otros por: Andrés Vence Villar, Emilio Ovalle Martínez, Cabildos Gobernadores de pueblo Yupka y José Luis Chimoquero, Cabildo Gobernador del Resguardo Wiwa del Cesar, se describen las funciones que ha de ejecutar Luz Elena Izquierdo: “Asesorar a la Asociación de Cabildos Indígenas del Cesar y la Guajira para el fortalecimiento y empoderamiento de la misma, así como servir de enlace con las entidades del gobierno nacional”, a los ojos de dos abogados consultados por Revista Siete, este es uno de los vulgares ‘contratos de corbata’ tan populares en la administración pública, donde el empleado realiza funciones distintas a las pactadas en el contrato en beneficio de una persona o grupo o, en el más común de los casos, no realiza ningún tipo de trabajo, percibiendo salarios y yendo en detrimento del erario.
Tras su última asamblea llevada a cabo entre el 26 y el 29 de noviembre, la Confederación Indígena Tayrona y las Autoridades Arhuacas Zona de Recuperación Territorial han solicitado la renuncia inmediata de Zarwawico Torres Torres, además, han llamado a desconocer la envestidura que en la actualidad ostenta, no solo en razón de las irregularidades que se evidenciaron en su proceso de elección y que son de público conocimiento, sino también por el desacertado y perjudicial ejercicio de gobierno.
Dice en uno de sus apartes el documento: “A partir de haber logrado usurpar, el señor Zarwawiko Torres Torres, como Cabildo Gobernador, generó toda una ruptura en sendos procesos organizativos internos que venían en curso… ha realizado un erróneo e inadecuado uso del Documento Guía del Pueblo Arhuaco, al tomar al pie de la letra contenidos aislados del mismo e interpretándolos de manera distorsionada de acuerdo a sus pretensiones, dejando de lado principios y criterios vigentes en la tradición oral, que constituyen la primera fuente para la toma de decisiones”.
Intimidación y violencia: la estrategia para callar a los detractores
Durante la gestión de Zarwawiko Torres las agresiones selectivas se hicieron más frecuentes y las intimidaciones a líderes, autoridades y mamos más graves y directas. Entre las víctimas de persecución, amenazas e intimidaciones, están: Gelver Zapata, Rubiel Zalabata Izquierdo, Leonor Zalabata Tórres, Arukwin Tórres Zalabata, Ruth Izquierdo Pérez, Julio Alberto Tórres, Jesús Arroyo y José María Arroyo.
“…Semaneros bajo las órdenes del señor Zarwawiko Tores han producido una serie de atropellos contra mamos, mayores y miembros de nuestras comunidades, consistentes en actos de intimidación, de persecución y sometimiento a órdenes arbitrarias, ejerciendo una mandato irrespetuoso y abusivo que no solo ha generado miedo, sino que además, aniquila la preciada regla de respeto a los mayores que constituye un parámetro fundamental para la vida de la colectividad”, puede leerse en el comunicado fechado el 29 de noviembre del presente año y firmado por miembros de la Confederación Indígena Tayrona y las Autoridades Arhuacas Zona de Recuperación Territorial.
Extrañamente, comenta otro miembro de la comunidad indígena que prefiere ocultar su identidad, previo a la Asamblea convocada por Zarwawiku Torres en Nabusimake a partir del 8 de diciembre, apareció un panfleto firmado por la guerrilla del ELN donde señala y amenaza con declaración de objetivo militar a varios miembros de la comunidad Arhuaca que se han opuesto a la elección de Zarwawiku Torres como Gobernador.
“En este punto, solo queda responsabilizar a la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio de interior por cualquier menoscabo físico o la muerte en un atentado ya visionado por un grupo insurgente en contra de nuestros directivos, al legitimar y apoyar este ilegítimo proceso de elección de una autoridad indígena y oponerse al registro de los otros procesos de elección respaldado por sus comunidades”, comentó la misma fuente anónima.
El tiempo ha ido agravando la situación y la pugna por el poder político y burocrático gestada por el Clan Izquierdo que pretende silenciar a como dé lugar las voces disidentes. “Denuncio este ataque para que las autoridades del Estado protejan la integridad física y cultural de todos los miembros de la Comunidad Arhuaca declarados objetivos de muerte, y se investigue a fondo el origen y autenticidad de la misma. Ruego a la fiscalía proceda a investigar”, puntualiza con temor real por su vida uno de los mencionados en el panfleto.
