La defensa del expresidente Álvaro Uribe, los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, anunciaron que impugnarán ante la Corte Suprema de Justicia la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que no aceptó la tutela del exmandatario por considerarla improcedente.
El Tribunal Superior de Bogotá el miércoles declaró improcedente la tutela que instauró Jaime Granados, con la que buscaba que se tumbara la condición de imputado de su cliente investigado por los delitos de fraude procesal y soborno de testigos.
En el comunicado, hecho público este jueves, Granados y Lombana señalan que “se interpondrá impugnación con la que se buscará que la Honorable Corte Suprema de Justicia revise el conflicto procedimental, con el que, indudablemente, se han lesionado los derechos fundamentales del ciudadano” y a la vez señalan que “mediante sólidos argumentos constitucionales y legales, se espera restablecer las vulneraciones a un debido proceso y a un derecho de defensa, frente a la interpretación que aplicó un juez con relación a un conflicto entre dos legislaciones procesales distintas”.
Precisan que los argumentos de rango constitucional de esta defensa, fueron compartidos por la Procuraduría General de la Nación y por la Fiscalía General de la Nación, “la defensa del señor expresidente reitera que, lejos de una ofensa a la justicia, las acciones legales que buscan garantías y seguridad jurídica son elementos esenciales en una democracia”.
Este capítulo del proceso contra Uribe Vélez se movió este año con la presentación de una tutela por parte de Granados alegando violación al debido proceso y a la defensa. Esto motivado por la decisión que en noviembre del año pasado tomó el juzgado cuarto al considerar que en el expediente contra el exsenador es equiparable la indagatoria hecha en la Corte Suprema de Justicia, bajo el antiguo sistema penal, con la imputación de cargos que hace parte del sistema que nos rige en la actualidad.
El abogado Granados expuso su teoría en 69 páginas en las que citó jurisprudencia de las Cortes buscando convencer al Tribunal y calificó de “exótica” la decisión del despacho. Pero la Sala Penal, en apenas 23 páginas, le dijo que no son los magistrados los que deben decidir el nuevo rumbo del proceso, sino que ya es competencia de la Fiscalía.
“En este momento el proceso se encuentra en el escenario en el cual la Fiscalía General de la Nación, como titular de la acción penal debe determinar si presenta una solicitud de preclusión, el escrito de acusación y/o un principio de oportunidad”, dice uno de los apartes del documento.
