La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por diez años al entonces personero de Ipiales – Nariño, Johon Robert Caicedo Castillo (2012-2015), por extralimitación de funciones.
La Procuraduría Provincial de Ipiales encontró que el disciplinado en 2014 y 2015 ordenó el traslado de los recursos destinados al pago de cesantías de los funcionarios de la entidad, para financiar otros gastos públicos.
Según el órgano de control el expersonero transgredió la Ley 1071 de 2006, que lo obligaba como empleador a liquidar las cesantías por cada año de servicio y a efectuar la consignación en el fondo privado en el que se encontraran afiliados los trabajadores, a más tardar el 15 de febrero del año siguiente al de la causación del derecho.
El Ministerio Público determinó que Caicedo Castillo desconoció los principios de igualdad, moralidad, celeridad, economía, eficacia, eficiencia, responsabilidad y transparencia que rigen la función pública.
La falta del exfuncionario fue calificada como gravísima cometida a título de dolo, teniendo en cuenta que afectó su deber funcional como ordenador del gasto.
El fallo de primera instancia podrá ser apelado por la defensa del disciplinado.
