Procuraduría exhortó a las entidades que conforman el sistema de responsabilidad penal a garantizar los derechos de los y las adolescentes infractores de la ley penal

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La Procuraduría General de la Nación exhortó a las entidades que conforman el SNCRPA (Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes) a garantizar los derechos y el desarrollo en condiciones dignas de los y las adolescentes y jóvenes infractores de la ley penal quienes se encuentran en los CAE (Centros de Atención Especializada) y CIP (Centros de Internamiento Preventivo).

El Ministerio Público instó al ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familia) y a los 23 departamentos visitados por los funcionarios de la PGN, a realizar las adecuaciones y el mantenimiento necesario de las 58 unidades de atención analizadas entre 2018 y 2019, teniendo en cuenta que en su mayoría no reúnen los estándares nacionales e internacionales de infraestructura, que aseguren espacios físicos, pedagógicos, educativos y diferenciales adecuados para este tipo de población.

Así mismo, solicitó a los 10 departamentos que no cuentan con centros privativos (Arauca, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, La Guajira, Magdalena, Putumayo, Sucre, Vaupés y Vichada) gestionar los recursos para la construcción de las instalaciones, con la asistencia técnica del DPN (Departamento Nacional de Planeación).

El ente de control también requirió al Ministerio de Educación Nacional, a las secretarías de educación departamentales y municipales, y al SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) garantizar el financiamiento para contratar un servicio educativo pertinente y de calidad, así como capacitar de manera profesional al personal y fortalecer las oportunidades en la formación.

Además, instó al Ministerio de Salud y Protección Social, y las secretarías de salud departamentales y municipales a verificar el cumplimiento de las directrices establecidas sobre la valoración, diagnóstico y tratamiento eficaz del consumo de sustancias psicoactivas y salud mental.

Por último, solicitó al ICBF implementar lineamientos para la protección de las familias de los y las adolescentes y jóvenes, donde se estipule el acceso a visitas y servicios de apoyo y asesoría en la crianza, tomando como base que buena parte de los actos de violencia se producen en un ambiente intrafamiliar.

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