La Contraloría general del Magdalena halló presuntos detrimentos patrimoniales en la vigencia 2019 por el orden de los $717.922.448 millones, en desarrollo de una auditoría en los municipios de Santa Bárbara de Pinto, Ariguaní y la E.S.E. Hospital local Pijiño del Carmen.
ARIGUANÍ
En el municipio de Ariguaní, el órgano de control detectó 14 hallazgos administrativos, de los cuales nueve, tienen presunta incidencia disciplinaria, cuatro penales, dos presunta incidencia sancionatoria y cinco fiscales por el orden de $118.685.964 millones.
SANTA BÁRBARA DE PINTO
En el municipio de Santa Bárbara de Pinto, establecieron 19 hallazgos, de los cuales cinco tienen incidencia sancionatoria 14 disciplinarios que fueron trasladados a la Procuraduría, cinco penales, enviados a la Fiscalía y cinco de incidencia fiscal que se hicieron llegar a la Contraloría Auxiliar para las Investigaciones del ente de Control.
El equipo auditor de la Contraloría Auxiliar constató que la construcción del puente y mejoramiento de los puntos críticos de la vía que comunica al corregimiento de San Pedro con el corregimiento de Carretal, presenta fallas en su estructura que podrían colapsar en cualquier momento.
Asimismo, registraron que el mural de bienvenida al municipio y la elaboración de las letras en mosaicos de madera presenta fallas en la estructura.
NO PAGO DE ESTAMPILLA
El órgano de control detectó que dicha administración durante la vigencia 2019 no realizó pagos por concepto de retención de la Estampilla Pro Hospital, incumpliendo de forma repetitiva con el pago mensual de los descuentos realizados por concepto de esta, habiendo realizado los descuentos durante la vigencia 2019.
El presunto detrimento puede ser por el orden de los 103.300.705 millones de pesos. Igual sucedió con la estampilla Pro Universidad que no realizó el giro y pago y se evidencia que dejó sin respaldo de tesorería la deuda por retenciones en las estampillas por valor de $125.587.399 millones.
PIJIÑO DEL CARMEN
En la E.S.E. Hospital Pijiño del Carmen se generaron unos presuntos hallazgos fiscales por el orden de los $184.250.000 millones por incumplimiento de prestaciones sociales y pago de sentencia por incumplimiento de prestaciones sociales en el año 2005.
“Esto hace parte del desarrollo de unos de los procesos misionales del ente de control departamental, ahora corresponde realizar los hallazgos a la Contraloría Auxiliar para las investigaciones Fiscales donde se determinará la apertura de los procesos o indagaciones pertinentes y se determine o no la responsabilidad fiscal si en efecto hay lugar a ella”, manifestó Carlos Cabas Rodgers, Contralor del Magdalena.
