La Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Francisco Barbosa, acusó a un exdirectivo y al actual presidente de la multinacional Drummond en Colombia por el delito de concierto para delinquir vinculado a la financiación de grupos paramilitares.
Los señalados son Augusto Jiménez Mejía, expresidente de la multinacional en Colombia, y José Miguel Linares Martínez, exvicepresidente de asuntos corporativos y hoy presidente de la empresa.
Este proceso, inició por una compulsa de copias en la que se pidió investigar a funcionarios de la empresa “por financiar y promover la creación y los propósitos ilícitos” de un bloque de autodefensas entre 1996 y 2001. Los directivos fueron oídos en indagatoria el pasado 27 de octubre.
La Fiscalía declaró que los hechos relacionados con el frente ‘Juan Andrés Álvarez’ del Bloque Norte de las Autodefensas, que operaba en el departamento del Cesar, son de delitos lesa humanidad.
“Donde se ubicaron las minas de empresas carboníferas, así como el tramo de la vía férrea que transportaba el producto de explotación, a quienes los directivos de la multinacional Drummond Ltd. financiaron y promovieron, a cambio de beneficiarse de la ‘seguridad’ que su incursión, presencia y operación representaron en la zona”, reza el documento.
La Fiscalía documentó 3.382 registros de víctimas, aproximadamente, por los delitos de homicidio, desplazamiento forzado, desaparición forzada y secuestro.
Además, señaló que los ataques de ese grupo fueron contra la población civil, “quienes fueron irrumpidos en sus domicilios, para ser asesinados y/o desaparecidos, con la intención de causar terror en la zona; torturaron, amenazaron, descuartizaron”.
El ente acusador determinó que los directivos “conocieron de ese contexto macrocriminal, el que afectó, además, a empleados de la multinacional que dirigían, y pese a ello intervinieron en la contratación con (Jaime) Blanco Maya, por cuyo medio se destinaron los recursos al grupo armado ilegal”.
Recordemos que Jaime Blanco, era un contratista de la multinacional que fue condenado por el asesinato de los sindicalistas, Víctor Hugo Orcasita y Valmore Locarno, perpetrado en el año 2001.
