La Procuraduría General de la Nación pidió a la ministra de Educación, María Victoria Angulo González, un informe sobre la prestación del servicio educativo durante la pandemia por el covid-19 y las acciones adelantadas para cerrar las brechas de conectividad en los territorios.
El Ministerio Público solicitó información a la titular de la cartera de Educación sobre las principales dificultades que se presentaron para la modalidad de aprendizaje en casa y los retos de corto y mediano plazo, así como las directrices establecidas para el cierre del año escolar 2020 y para 2021.
Así mismo requirió informe sobre el número de niños, niñas, y jóvenes que han abandonado el sistema escolar durante este periodo, las razones que se identificaron para la deserción de más de 100.000 de ellos y sobre el riesgo de pérdida del año escolar para cerca del 10% de los estudiantes, solicitando a su vez, las estrategias definidas para revertir el impacto que esto puede causar en sus trayectorias educativas.
Pidió socializar las principales acciones desarrolladas por el MEN (Ministerio de Educación Nacional), en conjunto con otras carteras, para cerrar las brechas de conectividad y de disponibilidad de dispositivos tecnológicos requeridos para el aprendizaje en casa, tanto para los estudiantes, como para las instituciones educativas, docentes y directivos docentes, e indicar los avances o resultados alcanzados a la fecha.
Esta acción preventiva se adelanta con el objetivo de velar por la garantía del derecho a la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes para que permanezcan en el sistema educativo, y cumplan y culminen de manera satisfactoria sus estudios.
