Contraloría investiga en el Magdalena daño patrimonial por $41 mil millones

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La Contraloría General de la República adelanta en el departamento de Magdalena investigaciones en cinco casos emblemáticos que suman posibles daños o detrimentos patrimoniales por más de $41 mil millones.

Así lo reportó hoy la Gerencia Departamental de la CGR en la Rendición de Resultados correspondiente a 2020, realizada mediante una Audiencia Pública Virtual que cubrió los 8 departamentos de la Región Caribe.
Otra cifra a destacar es que el organismo de control ha producido en este departamento 10 fallos con responsabilidad fiscal por $9.715 millones.

CASOS EMBLEMÁTICOS DE LA GESTIÓN DE LA CGR EN MAGDALENA

CASO 1.- PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Hechos: Como resultado de la actuación fiscal, se determinó la existencia de irregularidades un convenio macro celebrado dentro del Plan Departamental de Aguas entre el Departamento del Magdalena y el Consorcio Aguas Kapital Macondo, cuyo objeto fue la construcción de unos acueductos en varios municipios del Departamento, se extracta de autos que, al momento de la liquidación del contrato las obras no se encontraban ejecutadas en su totalidad, es decir, no eran funcionales. Lo anterior generó un presunto daño fiscal en cuantía de $28.020 millones de pesos. Como Presuntos responsables aparecen los ex gobernadores del Departamento del Magdalena y los ex gerentes de Aguas del Magdalena para la época de los hechos.

CASO 2.- PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Hechos: Como resultado de la actuación fiscal, se determinó la ocurrencia de presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de concesión no. 423 del 26 de diciembre del 2007, suscrito entre la secretaria del Interior del Departamento del Magdalena y Empresarios Asociados de Apuestas Permanentes del Departamento de Magdalena S.A. ‘Aposmar S.A.’, cuyo objeto fue: “concesión para la explotación del juego de apuestas permanentes o chance en el Departamento del Magdalena. La cuantía del presunto daño asciende a $5.548 millones de pesos. Como presuntos responsables aparecen los representantes de la firma contratista.

CASO 3.- PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
Hechos: Como resultado de la actuación fiscal, se determinó la existencia de presuntas irregularidades en contratos celebrados por la Empresa de Servicios Públicos de El Banco, con la firma Kagua Sur S.A. E.S.P, los cuales tenían por objeto la ejecución de proyectos de alcantarillado en el municipio, con cargo a recursos de regalías vigencia 2007 y recursos de agua potable y saneamiento básico. Por las citadas irregularidades se generó un presunto detrimento por valor de $4.404 millones de pesos. Como Presuntos responsables se tiene a: el alcalde de la época, el secretario de planeación, los representantes de la Empresa de Servicios Públicos de El Banco y a los contratistas.
CASO 4.- ANTECEDENTE PARA PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Hechos: En desarrollo de la actuación fiscal, se evidencio que el objeto del proyecto “Construcción del Sistema de Acueducto del Corregimiento de Piñuela, Municipio de Pivijay, Departamento del Magdalena” si bien fue ejecutado, y existen las instalaciones, no cumplió con su verdadero propósito, el cual es proveer de agua potable a la población del corregimiento de Piñuela, municipio de Pivijay, puesto que este acueducto solo funcionó por un periodo de 2 meses correspondientes a noviembre y diciembre del año 2019, siendo abastecido por un jagüey de agua, cruda por medio de una bomba. Lo anterior generó un presunto daño por valor de $1.891 millones de pesos. Se tiene como presunto responsable al gerente de la Empresa Aguas del Magdalena.

CASO 5.- ANTECEDENTE PARA PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Hechos: Como resultado de la actuación fiscal, se estableció que, el proyecto “Optimización y ampliación del sistema de acueducto de los Corregimientos de Buenos Aires y Sampués del Municipio de Aracataca, Departamento del Magdalena”, si bien cumple con su principal finalidad, que consiste en abastecer a los citados corregimientos de agua potable, presenta múltiples fallas técnicas, las cuales hacen que los componentes relacionados en las observaciones realizadas NO cumplan con los estándares estipulados por el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), generando problemas estructurales, ocasionando con ello un posible daño patrimonial, el cual fue tasado en $1.385 millones de pesos, se tiene como presuntos responsables por estos hechos al Gerente de la Empresa Aguas del Magdalena y al contratista.

OBRAS INCONCLUSAS Y ELEFANTES BLANCOS

En el Departamento del Magdalena se tienen registros de 24 proyectos que se encuentran sin terminar y otros en estado crítico, sin embargo, cabe resaltar que la Contraloría General de la República ha venido realizando acompañamiento a algunas veedurías que hacen seguimiento a proyectos que se encuentran en estas condiciones, dándoles impulso y dinamismo para el reinicio y terminación de estos.

Este es el caso de proyectos como el Teatro Santa Marta, la Vía de la Prosperidad, proyectos del FFIE en el departamento y obras del Fondo Adaptación. En algunos casos se ha contado con actas de terminación y en otros se reiniciaron obras con la posibilidad de una eventual terminación.

ESTRATEGIA COMPROMISO COLOMBIA

En esta estrategia de control fiscal participativo, la Gerencia de la CGR en el Magdalena incluyó los proyectos del Fondo Adaptación que se están ejecutando en los municipios de El Banco, San Zenón, Pedraza, Concordia, Plato, Remolino y Zona Bananera, donde se construyen instituciones educativas y un proyecto de vivienda que se ejecuta en el municipio de Tenerife. Todos estos proyectos se encontraban paralizados y hoy se encuentran en ejecución para su posible terminación.

La Mega Biblioteca es otra obra que se encuentra dentro de esta estrategia, la cual se ejecuta desde el año 2016 en el Distrito de Santa Marta y tenía un tiempo para su terminación de un año, sin embargo, a la fecha aún no se ha entregado; por lo que la CGR promovió mesas de diálogo con todos los actores involucrados en este proyecto, lo cual permitió establecer compromisos por parte del contratante, contratistas e interventores, garantizando su culminación y entrega para el mes de febrero de 2021.

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