La batalla legal por la presidencia de Estados Unidos

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Por Jamer Chica

Los medios de desinformación (comunicación) y los periodistas – algunos prepagados – de las diferentes cadenas de noticias del mundo, durante las últimas tres semanas se han encargado de repetir a diario el siguiente guion: “El presidente Trump se niega a aceptar el resultado de las elecciones que le dieron la victoria a Joe Biden” (…) “el equipo jurídico del Presidente Trump ha sufrido numerosos reveses legales, múltiples jueces en diferentes Estados han desestimado más de 30 demandas” (…) “las pretensiones republicanas de impedir la certificación oficial de los resultados electorales a favor de Biden, no han prosperado en las cortes estatales.”

Con referencia en lo anterior, es importante resaltar que:

  1. Al Presidente de los Estados Unidos no lo eligen los ciudadanos, sino los colegios electorales; muchos de estos aún no están definidos.

El complejo sistema electoral de los Estados Unidos es indirecto. Es decir, pese a que los ciudadanos depositan su voto a favor de uno de uno de los candidatos, son los electores colegiados quienes toman la decisión de elegir al Presidente, estos deberán honrar su compromiso de votar por el candidato ganador en cada Estado, de conformidad con el voto popular y previa certificación emitida por el Secretario Estatal correspondiente.

Sin embargo, esto no siempre se cumple. En diferentes contiendas electorales se ha evidenciado como algunos miembros del colegio electoral, han votado de manera contraria a lo que estaban obligados a hacer por compromiso convencional.

En la actualidad, la controversia se ha suscitado en los Estados de Pennsylvania, Georgia, Nevada, Michigan y Wisconsin (68 votos colegiados en total) donde la campaña republicana ha alegado fraude electoral, so pretexto, que sus observadores y fiscales fueron retirados del lugar de votación, excluidos del conteo y no se les permitió presenciar la información reportada.

En consecuencia, el Partido Republicano podría romper el acuerdo y ordenar a sus delegados del colegio a no votar a favor de Biden en dichos Estados, donde no hay certeza de transparencia en la elección, lo cual descuadra las cuentas del aspirante demócrata y podrían sumarse al Presidente Trump.

  1. La desestimación de demandas en primera instancia no es sinónimo de derrota judicial

El hecho de que se hubiesen desestimado más de 30 demandas al equipo legal de Donald Trump en los diferentes estrados estatales, no es una mala noticia para él, por el contrario, le resulta favorable.

Se debe resaltar que la justicia funciona por niveles con jueces de menor y mayor jerarquía. Las decisiones de primera instancia emanadas de los tribunales estatales, son apelables ante el superior jerárquico, es decir, ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, organismo encargado de emitir un fallo definitivo como en el caso Bush vs AlGore en el año 2000.

El staff de abogados de Trump, en vez de sentirse derrotado por el rechazo de plano en sus lawsuits, se sienten a gusto con dichas providencias, puesto que esta situación les permitirá agotar los recursos ante los tribunales estatales como requisito de procedibilidad para presentar una apelación – writ of certiorariante la Corte Suprema Federal.

Si bien las decisiones que emanan de la Suprema Corte de los Estados Unidos son en derecho, no hay que descartar que de los nueve jueces que la conforman, seis son de tendencia conservadora (Republicana), verbigratia la juez Amy Coney Barret, nombrada por el Presidente Trump hace algunas semanas.

En este sentido, frente a un probable litigio en el tribunal federal mayor, el Presidente Donald Trump tendría mayor probabilidad de ganar el pleito, toda vez que goza de mayorías conservadoras con 6 jueces a favor y tan solo 3 en contra.

Hasta ahora, los abogados de Trump han demandado en Michigan, Nevada, Pennsylvania, Arizona y Georgia donde han presentado una gran cantidad de declaraciones juradas de testigos con elementos materiales probatorios conducentes que intentan anular el proceso. Sin embargo, las acciones legales han sido declaradas improcedentes sin siquiera haber llamado a declarar a dichos testigos, ni validar las pruebas en una audiencia como dicta la norma.

En consecuencia, el equipo legal del Presidente Trump tiene el camino despejado para que en las próximas dos semanas acudan ante la Suprema Corte de los Estados Unidos, donde el panorama seguramente podría ser más favorable para sus pretensiones.

  1. El caso de Pennsylvania

En el Estado de Pennsylvania, la juez Patricia McCullough ordenó bloquear la certificación de la elección en dicho Estado. Un grupo de candidatos y legisladores Estatales Republicanos presentaron una demanda, argumentando que el voto por correo viola la Constitución del Estado, toda vez que la carta constitucional no proporciona un mecanismo para que la legislación estatal permita una extensión del voto ausente, sino a través de una enmienda constitucional, o acto que reforme la Constitución.

Pese a que ya se había certificado la elección presidencial por las respectivas autoridades estatales, obligando al colegio electoral a emitir próximamente su voto a favor de Biden, la orden judicial adoptó como medida cautelar preventiva, suspender la certificación electoral del resto de cargos hasta que no se adoptara una decisión de fondo.

Ahora bien, de prosperar la demanda republicana, no solo se declararía la nulidad de los votos emitidos por correo para los cargos legislativos, sino que dicho precedente judicial se extendería de inmediato hacia la elección presidencial, anulando los votos que se remitieron por correo y que contribuyeron a la victoria del candidato demócrata, Joe Biden.

Si las autoridades judiciales del Estado de Pennsylvania decretan la nulidad de las boletas que llegaron por correo, so pretexto de violar la constitución, se le ordenaría al Secretario de Estado y al Gobernador del mismo, anular la certificación emitida y, en consecuencia, los 20 votos colegiados de Pennsylvania se le restarían a Biden y serían sumados automáticamente a Donald Trump.

Las próximas semanas son definitivas, la estrategia jurídica del equipo de Trump marcha satisfactoriamente, diferente a lo que recitan los medios de comunicación tradicionales que ya tienen una agenda política establecida y se niegan a mostrar la realidad.

El staff judicial del Presidente Donald Trump, trabaja en tres nodos para desvirtuar la elección de Biden: primero, las irregularidades en el conteo de votos; segundo, la inconstitucionalidad de los votos por correo; tercero, el fraude de los resultados en virtud de la manipulación de las maquinas escrutadoras y el software “dominion”. Frente a este último elemento, la investigación incluso se está adelantando con agencias como el FBI y la contribución del Fiscal General de los Estados Unidos, William Barr.

Parece que todo va por buen camino, los reveses jurídicos en las cortes estatales, hacen parte de la estrategia judicial republicana, esto con el fin de llegar ante la Suprema Corte de los Estados Unidos, donde muy seguramente declararía la nulidad de la elección de Biden.

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