A propósito de los cuatro años que cumple la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno colombiano y la exguerrilla de las FARC, la plenaria del Senado de la República, en sesión mixta, lleva a cabo un debate de control político sobre el incumplimiento del Gobierno Nacional a las garantías de seguridad pactadas con firmantes de Paz, asesinatos de líderes y lideresas sociales y masacres que vienen azotando al país.
Por primera vez en el Congreso de la República un miembro del Partido FARC, la senadora Criselda Lobo Silva, segunda Vicepresidenta de esta Corporación, presidió una sesión plenaria que resaltó como “un debate en el marco del respeto y defensa de la vida, el acuerdo de paz y los derechos humanos”.
Estadísticas sobre el nivel de asesinatos de líderes sociales, entregó la senadora Aída Avella (Lista de la Decencia) al indicar que entre el 1 de enero al 23 de noviembre de 2020, fueron asesinados 259 líderes, 234 de ellos eran hombres y 25, mujeres. Y entre el 1 de enero al 20 de noviembre del presente año, 242 excombatientes de las FARC han sido ultimados. En el tiempo de cuarentena por Covid-19, durante el periodo del 23 de marzo al 23 de noviembre, Avella señaló asesinatos de 179 líderes.
Otro de los citantes del debate, el senador Jorge Robledo, destacó que después de cuatro años de la firma del acuerdo de paz, hay un gran avance en medio de las críticas y dedicó parte de su intervención a las operaciones militares de Estados Unidos en Colombia, en meses pasados.
“Este no es un debate sobre las conveniencias o no de esas tropas extranjeras violando la soberanía nacional, es un debate sobre ética y al final un debate de corrupción” dijo el congresista quien recordó además que un grupo de senadores demandaron ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca esta autorización que dio el presidente Iván Duque. “Ese tribunal falló a favor de tutelar los derechos fundamentales de la participación política de los senadores”.
Seguido, la senadora Victoria Sandino (Partido FARC) comentó que “hoy es un día para que los colombianos estuviéramos celebrando los cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz, un acuerdo que se hizo con una esperanza infinita, para que este país pudiera pasar la página de la violencia, de la guerra”.
Asimismo, a nombre del partido político que integra, exigió al Gobierno Nacional explicaciones sobre qué ha pasado con la puesta en marcha de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, al igual qué acciones han adelantado para proteger la vida de miles de líderes sociales.
Respuestas del Gobierno Nacional
De acuerdo con la ministra del Interior, Alicia Arango, desde agosto 7 a noviembre 21 de 2020, van asesinados 194 líderes y lideresas sociales. Durante el 2020, estas cifras están dividas en grupos. “Unos, son los 51 asesinatos confirmados y hay 57 que están en trámite de verificación por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia”. Desde que se decretó la emergencia por la pandemia, el pasado mes de marzo, hasta la fecha, van 20 asesinatos.
La funcionaria mencionó varias teorías que explican por qué estos actos contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y reincorporados continúan ocurriendo en el país. La primera: “La labor de defensa de derechos humanos en Colombia se convirtió en un riesgo, un riesgo que es absurdo, porque el líder social lo que hace es defender a su comunidad y lucha por ella para que tenga una mejor calidad de vida, cuando los asesinan les están coartando la posibilidad de pronunciarse”.
Otras razones: el reacomodamiento de grupos armados, disputas territoriales, reconfiguración de terroristas y delincuencia, explotación ilícita de minerales y fenómenos como la estigmatización.
De acuerdo con instrucciones del presidente Iván Duque, mencionadas por el Alto Comisionado para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, hace catorce meses se están coordinando “acciones de protección por parte de todas las instancias que tienen responsabilidad en la seguridad de los colombianos: Ministerio del Interior, Defensa, agencias de inteligencia, Ejército, Policía, INPEC, Defensoría del Pueblo, Fiscalía y Procuraduría”.
Por otro lado, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, se refirió a los pactos que tiene Colombia con otros países. “Diecisiete acuerdos comerciales con beneficios arancelarios con los países de América Latina, Europa, Norteamérica y un país de Asia. Es una gran oportunidad de acceso a 1.600 millones de consumidores con generación de empleo, desarrollo productivo, capaz de competir en mercados a nivel internacional”.
Por su parte, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo manifestó: “Colombia ha suscrito, con distintas naciones, 160 mecanismos en materia de seguridad. De ellos 62 con Estados Unidos. En esos convenios de cooperación se establece la presencia del soldados de diferentes países, como en centro américa con soldados colombianos que prestan servicio en tareas para mejorar nuestras capacidades en la lucha contra la droga”. Además, reiteró que no se ha hecho tránsito de tropas sino cooperación binacional en materia de defensa. No hay tránsito de tropas y no se necesita la autorización del Senado, ni el concepto prévio del Consejo de Estado.
La opinión respetable de los 69 senadores no es una aprobación formal, pero es un elemento de juicio. Finalizó su intervención diciendo que “ha hecho consejos de seguridad con la comunidades del país, y que detrás de las masacres en realidad está la mano negra del narcotráfico”.
Constancias de senadores
Antes de realizarse el debate de control político, los senadores José Aulo Polo, Jorge Eliécer Guevara (Alianza Verde) y Feliciano Valencia (Partido MAIS), dejaron como constancias su preocupación por el asesinato de líderes sociales e indígenas, que sigue presentándose en algunas regiones del país.
“La violencia no da tregua, 24 asesinatos en los últimos días, nueve desplazamientos, 124 autoridades indígenas amenazadas” expresó el senador Valencia.
En línea sobre el tema de la seguridad en el territorio nacional, el legislador del Partido Liberal, Guillermo García Realpe dijo que “Está en manos de los violentos y de los asesinos, no bastan los pronunciamientos del Gobierno Nacional, del Ministro de la Defensa que adelanta hipótesis, interpretaciones que eso se debe al narcotráfico”.
A su turno, el congresista Roy Barreras, en defensa de los acuerdos de paz con la extinta guerrilla de las FARC, expresó que hay que recuperar para Colombia las soluciones dialogadas a los conflictos y la posibilidad de una paz completa. “El mundo sabe que es posible la paz y que, a pesar de los múltiples obstáculos y ataques contra la paz, esta paloma que simbolizó ese acuerdo está viva”, agregó.
Al debate promovido por la bancada de la oposición, estuvieron citados: el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo; la ministra del Interior, Alicia Arango y el alto comisionado para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila. Como invitados: el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa; el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo; la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República.
Voceros de los Partidos
Seguidamente los senadores voceros de cada partido intervinieron con sus argumentos en este debate. El senador Antonio Sanguino, (Alianza Verde) dijo que el Acuerdo de Paz ha sido cumplido en su cabalidad por los excombatientes de las FARC, que en cifras llegan a casi 250 sus asesinatos. “Las masacres van en 75 en este año, y se han cuadriplicado según datos, del mismo Ministerio de Defensa, comparando el año 2016 con este año. Ha crecido exponencialmente tanto de masacres como de homicidios. Cifras que revelan el fracaso de la política se seguridad de este gobierno.”
Mientras que el senador Miguel Ángel Barreto, (Partido Conservador) expresó su solidaridad con las familias de los líderes asesinados y pidió al Gobierno para que continúe con los múltiples esfuerzos para garantizar la tranquilidad de los líderes en el ejercicio de sus funciones. “Soy enfático y claro con las peticiones al Gobierno Nacional, es necesario combatir el narcotráfico con más fuerza. Destacamos la reducción de cultivos ilíctios pero aún hay muchos. Necesitamos que les caiga todos el pesos de la justicia a quiénes cometem estos delitos.”
El senador Gustavo Petro, (Partido Colombia Humana), aseguró: “el anterior Gobierno habia llegado a un pacto con el campesinado,con cerca de 100 mil familias, para sutituir la hoja de coca. Pero el gobierno decidió a la fuerza erradicación y ahora propone glifosato. Así, rompió un pacto con la ciudadanía y Estado e inmediatamente los nuevos dueños del narcotráfico entraron nuevamente a la fuerza a tomar poder y legitimiudad. Detrás de la masacre no está solo el narcotráfico, está el Gobierno, quien le entregó a la mafia, lanpoblación campesina. Hoy la mafia tiene más poder.”
Asimismo, el senador Feliciano Valencia (Partido MAIS), manifestó: “Ahora los indígenas somos los que tenemos un montón de tierras y somos los narcotraficantes y dueños de laboratrorios, es los más falso e injusto de lo que nos puedan acusar. Estamos en una situación muy riesgosa y las estraucturas criminales en las regiones llevan la delantera. Necesitamos un plan de acción real, más garantías por parte del gobierno, las organizaciones de Derechos Humanos y que dejen los estigmas que tienen con nosotros.”
Por otra parte, como vocero del Partido de la U, el Senador Juan Felipe Lemos, advirtió que no se puede responsabilizar de todo al Gobierno de Iván Duque. “Colombia desafortunadamente ha sido un Estado matizado por la violencia con más de 800 mil muertos durante las ocho guerras civiles que se han presentado. Y claro que rechazamos esa nueva violencia que se está generando en nuestro país. Hago un llamado de atención tanto a autoridades como al Gobierno para que protejan a los líderes sociales.”
El senador Jonatan Tamayo (Partido ASI) dijo que en el desarrollo de un acuerdo realizado con un grupo insurgente serían más comodas las medidas de protección si se respetaran los derechos de las víctimas como son la verdad y una reparación efectiva por parte de los excombatientes, factores que no se garantizaron.
Seguidamente, el senador Gustavo Bolívar (Coalisión Lista de la Decencia) manifestó que Santos diseñó un acuerdo de Paz junto a Veedores Internacionales y la FARC. Y en el punto cuatro estaba establecidos que quienes se suscribieran tendrían beneficios para sustituir sus cultivos. El Gobierno pudo cumplir el acuerdo a través del PNIS, pero lo desfinanciaron haciendo trizas la Paz. “asesinaron a los excombatientes y al gobierno le conviene tener unas disidencias grandes para explotar el miedo de la gente, una infamia contra al país. Por unos meses se tuvieron los índices de violencia más bajo de los últimos 40 años, por unos meses los territorios acariciaron la Paz. ¿Nos quedamos callados para que no nos digan que estamos generando odios? no.”
Del partido Centro Democrático la senadora Paloma Valencia, mediante gráficas de cifras de cultivos ilícitos en diferentes zonas del país, y aseveró que la izquierda hace litigio para que no se pueda fumigar y protegen de manera permanente el narcotráfico. “Hubo incrementos de asesinatos de líderes sociales, pero los potenció el PNIS con el 546%. Los mata las disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo, los Pelusos. Las disidencias de las FARC son los responsables del 14%. Puro y duro narcotráfico.“
Asimismo, el senador Antonio Zabarain, (Cambio Radical) dijo que el debate se quedó sin argumentos jurídicos, y que era necesario tener muy claras las diferencia entre los efectos constitucionales y legales en referencia a la presencia de tropas extranjeras, y así poder distinguir entre las expresiones: tránsito y presencia.
Después, por el Partido Polo Democrático, el senador Iván Cepeda Castro aseguró que se ha creado una consiencia sobre el conflicto armado y sus posibles consecuencias. Reiteró “Estamos en un proceso de cambio, la creciente movilidad social y el país está despertando para ir a las calles. No van a lograr acabar con el Acuerdo de Paz, hoy está vigente y vigoroso a pesar de la campaña agresiva contra la JEP”.
El senador John Milton (Partido Colombia Justa Libres), manifestó: “es fundamental implementar el presupuesto para la inteligencia del ejército y la Policía, ir más llaá de la sustitución de los cultivos ilícitos, considerar sustitución de tierra lícitas y entregarles a los campesinos territorios totalmente limpios. Establecer el dedrecho a las víctimas y evitar que se sigan masacrando a los líderes sociales.”
Conclusiones
Finalmente, para cerrar con la sesión de Plenaria Mixta Semi Presencial los citantes hacieron las conclusiones del debate. El senador Jorge Enrique Robledo
manifestó: “Un fallo que tumba una acción jurídica no modifica el hecho. Señor Ministro demande lo que quiera demandar. No somos incáutos. Los hechos son manifiestos, la pruebas son incontrovertibles”.
Miestras que la senadora Aída Avella (Coalición Lista de la Decencia) dijo : “no hay derecho a revictimizar las víctimas. ¿Después de muertos son consumidores los que mataron?, no es correcto. No puede ser una explicación frente a asesinatos selectivos en este país. Quién hace las listas de este genocidio.”
Por su parte, la senadora Victoria Sadino, (Partido Fuerza Alternativa) expresó: “Es tan incompetente la gestión de este gobierno y tan desastroza el resultado de este gobierno de la firma del Acuerdo de Paz, que hoy somos objetos de la estigmatización,y nosotros estamos trabajando por la Paz y el gobierno tiene que responder y detener este río de sangre. No hay satisfacción con las respuestas del Ministro. Nosotros no vamos a renunciar y vamos a seguir trabajando por una paz digna ,sin odios.”
Tras citar a plenaria para este miércoles 25 de noviembre a las 3:00 p.m., la senadora Criselda Lobo, (Partido FARC) cerró el debate con la siguiente frase: “La paz
avanza contra viento y marea, superando todas las amenzasa peligros y tempestades que la asechan”.
