Una resolución contra la corrupción y para la recuperación de activos, propuesta por Colombia, fue aprobada hoy por consenso en el marco de la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La resolución para ‘Prevenir y combatir las prácticas corruptas y la transferencia del producto de la corrupción, facilitando la recuperación de activos y devolviendo esos activos a propietarios legítimos, en particular a los países de origen, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción’, fue promovida por la Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, con el copatrocinio de 63 delegaciones.
Durante la presentación, el Representante Permanente Alterno de Colombia ante las Naciones Unidas, Andrés Rugeles, destacó el valor que tiene esta resolución como instrumento fundamental para avanzar en la lucha contra el flagelo de la corrupción, el lavado y para el retorno de los activos adquiridos sobre la base de actuaciones corruptas.
En ese sentido, el documento reconoce el papel de la corrupción como barrera para la asignación de recursos necesarios para la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible, y hace la conexión entre los elementos principales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los mecanismos de prevención y sanción de la corrupción.
Igualmente, destaca el valor de la educación, los derechos humanos y el fortalecimiento institucional, e incluye la participación de la sociedad civil y el sector privado en la lucha contra esta modalidad delictiva.
Durante la sesión, Colombia reafirmó nuevamente su irrestricto compromiso en la lucha contra la corrupción y mencionó cómo este flagelo -a nivel global- atenta contra los más pobres y debilita los fundamentos del pacto social entre el Estado y sus ciudadanos.
Destacó que existe una clara la vinculación entre la corrupción y delitos como el crimen transnacional organizado, tráfico de drogas, terrorismo, contrabando, trata de personas y el tráfico de armas, entre otras modalidades delictivas. Por ello hizo un llamado a aplicar el principio de la corresponsabilidad.
La intervención culminó con la invitación a la comunidad internacional para que participe en el proceso de la Asamblea General Especializada de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (UNGASS 2021), que tendrá lugar en junio del año próximo en Nueva York.
Este evento es impulsado por los gobiernos de Colombia y Perú y será el escenario de diálogos orientados al fortalecimiento de la cooperación internacional y a la formulación de propuestas novedosas que permitan enfilar nuevas formas de contrarrestar esta modalidad criminal.
“Nuestro deber ético y moral es la protección de las sociedades y democracias contra la inclemencia y voracidad de las prácticas corruptas y el crimen transnacional”, concluyó el Embajador Rugeles.
