Judicializan a un hombre por presunto abuso sexual y por someter a trabajos forzados a un menor de edad

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La Fiscalía General de la Nación, a través de un despacho adscrito al Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Tolima, logró el fin de semana pasado medida de aseguramiento privativa de la libertad en cárcel contra un hombre quien fue detenido por miembros del CTI (Caivas) con el apoyo de la Policía Nacional en una finca ubicada en el corregimiento de Dantas de Ibagué (Tolima), donde se cometerían los referidos delitos. 

Sometido a trabajo forzado y malos tratos 

La víctima, quien en la actualidad tienen 15 años de edad, habría sido entregado a sus 4 años de vida por sus padres al hoy judicializado, supuestamente, para que acompañara a la madre del implicado, una mujer de la tercera edad. 

Sin embargo, desde el año 2009, es decir, cuando tenía cerca de 6 años de edad, habrían empezado los malos tratos por el capturado.  Según la denuncia al niño lo obligaban a realizar trabajos pesados en la finca como lo eran cargar leña, gallinaza, arriar mulas y todo tipo de ganado.  

Un testigo aseguró haber visto al menor mal vestido, comiendo en las porquerizas. Lo que evidenciaría un trato humillante y fuerte en su contra. También habla de castigos severos contra el niño. Muestra de esto serían lesiones en sus brazos, al parecer, causadas por golpes con el plan de un machete. La víctima también estaba desescolarizada. 

Continuando con el relato de la víctima, a partir del año 2015, a sus 10 años de edad, empezó, al parecer, a ser víctima de abuso sexual, hechos que se habrían repetido en varias oportunidades hasta el año 2017. 

Cansado de esta situación el joven escapó siendo acogido por un vecino y, posteriormente, se fue con un hermano mayor y volvió a la casa de sus padres biológicos. 

La denuncia 

Una vecina conoció de los abusos de los que habría sido víctima por varios años el menor de edad, por lo que lo alentó a denunciar y así lo hizo ante el corregidor de Dantas, quien informó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que restableció los derechos del menor de edad y ofició a la Fiscalía General de la Nación, la cual abrió de inmediato la investigación.  

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