“El primero, y es una meta que nosotros nos hemos definido de aquí a agosto del año 2022, es dejar no solamente una política pública, sino un protocolo para los procesos de selección y de reporte de quienes representan a la nación en las juntas directivas de las empresas para que sean, en todo momento y lugar, personas que reúnan los máximos niveles de competencia y que tengan también los máximos niveles de escrutinio sobre sus decisiones”, dijo.
Así lo afirmó el Jefe de Estado durante su intervención en el foro ‘Conversaciones sobre el Valor de un Buen Gobierno Corporativo en Empresas con Capital Público’ (Soe’s), organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde recalcó que “esa política de selección, de control, de manejo, de acompañamiento y de reporte de los miembros independientes es una necesidad”.
Ese contexto, le solicitó al Director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Luis Alberto Rodríguez, que esa propuesta “debe quedar en un documento Conpes, de aquí a terminar nuestro Gobierno”.
Otra de los elementos anunciados por el Mandatario se refiere a la construcción de un registro unificado de las personas que gestionan intereses ante el Estado.
“La segunda, también debe ser una política pública sobre los temas de cabildeo, sobre los temas donde tenemos que construir un registro unificado de todos aquellos que gestionan intereses particulares ante las entidades del Estado”, explicó.
“Eso también en aras de la transparencia y en aras de hacer un control de gobernanza corporativa cada vez más efectivo”, agregó.
A renglón seguido, aseveró que los códigos de buen Gobierno Corporativo deben adquirir “un carácter vinculante”.
En el foro también participaron representantes de la Corporación Financiera Internacional (IFC), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y académicos.
