El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, pidió una deliberación transparente para el trámite del proyecto de ratificación del Acuerdo de Escazú sobre el ‘Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe’, y se mostró preocupado ante los aplazamientos del debate en el Congreso.
“Si bien entendemos que hay unos intereses económicos legítimos detrás de la oposición al Acuerdo de Escazú, que se dé el debate abiertamente y que contrastemos las opiniones en un escenario transparente de deliberación porque también, fuera de los intereses legítimos, están todos aquellos que se benefician de la explotación indiscriminada del medio ambiente”.
Al instalar el foro internacional ‘Derecho de acceso a la información medioambiental’ del XIX Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, del que este año la PGN fue anfitriona, el jefe del Ministerio Público aseguró que la ratificación del acuerdo por parte los países de la región, constituye una prioridad para la defensa del medio ambiente y de sus líderes.
Enviamos un claro mensaje al país y sobre todo al Congreso, para que evalúe la gran importancia que tiene la aprobación del Acuerdo de Escazú para la prevención de conflictos ambientales, el futuro sostenible de la región y la protección de defensores ambientales #XIXEncuentroRTA pic.twitter.com/nnZrtPDjrQ
— Fernando Carrillo F. (@fcarrilloflorez) October 22, 2020
Precisó que el acuerdo no solo representa una disminución sino también la prevención de posibles conflictos ambientales y, lo que resulta más importante, la protección y la prevención de la vida de los defensores de los recursos del planeta.
Carrillo Flórez enfatizó en que la protección de los líderes ambientales “es un gran colofón de lo que va a representar el Acuerdo de Escazú ante la amenaza que hemos venido sufriendo, con un costo y un peaje en términos de vidas de defensores de derechos ambientales en los últimos meses. Hay que ponerle fin a eso”.
Para el Procurador, con la ratificación del acuerdo vendrían posteriores desarrollos legislativos y reglamentarios en materia de fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, de la educación, de la capacitación y, sobre todo, de los instrumentos de transparencia y de acceso a la justicia.
