La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a la exsecretaria General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Sandra Liliana Roya Blanco (2014 – 2016), y a la entonces directora encargada del ICBF Regional Magdalena, Ana Patricia Parra García (2014 – 2015), por presuntas irregularidades contractuales en programa dirigido a atender a niños y niñas menores de cinco años de familias en situación de vulnerabilidad.
El órgano de control cuestionó a Roya Blanco un supuesto desconocimiento de los principios de transparencia y selección objetiva de la contratación estatal, al presuntamente aprobar el Contrato de Aporte 127, y a la exdirectora regional por celebrar el negocio jurídico con la Fundación Prosperar y Vida, por valor de $907’498.340.
Al parecer, el bilateral se celebró de manera directa con un contratista que presuntamente carecía de idoneidad y no cumplía con los requisitos exigidos en los estudios previos del proceso de selección, en relación a la capacidad jurídica, técnica y financiera para atender a niños y niñas de la primera infancia dentro de la estrategia ‘De Cero a Siempre’.
Así mismo, la PGN endilgó cargos a la entonces profesional universitaria Zulima Ester Decaro Ospina, quien al parecer acreditó el cumplimiento de los requisitos técnicos y jurídicos de la fundación.
Para el ente de control presuntamente se habrían vulnerado los principios de moralidad y responsabilidad de la función administrativa.
La presunta falta de las exfuncionarias fue calificada de manera provisional como gravísimas, a título de culpa gravísima, por desatención elemental de deberes.
