La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión por dos meses a la defensora de familia del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), Diana Marcela Díaz Córdoba, por irregularidades en el un proceso de restablecimiento de derechos de una menor de edad.
La Regional Valle del Cauca demostró que la disciplinada omitió, dentro del término de seguimiento a la declaratoria en situación de vulneración de derechos, emitir un pronunciamiento sobre si procedía el cierre de un proceso, el reintegro a medio familiar o la declaratoria de adoptabilidad de una menor de edad.
Así mismo, determinó que la disciplinada causó un perjuicio a la menor de edad porque, al dejar en suspenso la definición de su situación, se vulneraron sus derechos fundamentales especiales y prevalentes consagrados en el artículo 44 de la Constitución.
“La familia es el núcleo de la sociedad, y, en compañía de la sociedad y del Estado debe asistir y proteger a los niños y garantizar su desarrollo armónico e integral”.
Estableció que Díaz Córdoba inobservó sus deberes y las normas existentes que llevaron finalmente a remitir el proceso a un juez de familia para decidir, cuando estaba llamada a dar ejemplo de acatamiento a las disposiciones legales y reglamentarias.
Consideró la PGN que con el actuar de la defensora, adscrita al Centro Zonal Palmira, Valle del Cauca, “se generó una trascendencia social de la falta, por el mal ejemplo proyectado a la comunidad, pues refleja desorden institucional, indebida gestión administrativa, falta de dirección y control en la prestación del servicio eficaz y eficiente”.
En fallo de primera instancia la Procuraduría calificó definitivamente la falta de la defensora como grave, a título de culpa gravísima.
