Por Carlos Andrés Salas
La educación es un derecho universal inherente al ser humano, reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 26 que consagra que: “Toda persona tiene derecho a la educación”, avalada por nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia. Allí se manifiesta que la educación es un servicio público que tiene una función social, es por ello que la Constitución establece que la educación formará a los ciudadanos en el respeto a: “los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente”. Igualmente quedó plasmado que: “el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación”.
Como derecho fundamental, este debe ser garantizado por el Estado y le compete, entre otras cosas, brindar el servicio de manera “gratuita”, velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y que los estudiantes reciban una mejor formación moral, intelectual y física; pero sobre todo garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.
Cumplir plenamente con este mandato constitucional es complejo. Las dificultades son múltiples, una de ellas por el factor económico. Hoy, la inversión en educación asciende a los 44,1 billones de pesos. El sector educativo es el que más recursos percibe en el Presupuesto General de la Nación 2020, en contraste con sectores como Defensa y Policía: 35,7 billones de pesos o el de la salud y la protección social: 31,8 billones de pesos. Con estos datos se derrumba el mito de que el país invierte más en la guerra que en la educación y la diferencia es notoria. A pesar de los billones de pesos invertidos, el déficit es evidente. Colombia tiene una cobertura educativa del 72%, cifra que ha aumentado significativamente en los últimos 20 años, pero que sigue siendo deficiente para las necesidades de los colombianos. El principal reto en materia educativa es obtener una cobertura universal. Pero no es el único desafío, existen muchos más, por ejemplo: la calidad. Los resultados más recientes de las pruebas PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes) le otorga al país una calificación general de 412 puntos en lectura, 391 en matemáticas y de 413 en ciencias, los tres por debajo del promedio de la OCDE que se establece en 487, 489 y 489 puntos respectivamente. Participamos de estas pruebas desde el año 2006 y a la fecha no ha habido mejora significativa en los resultados. Colombia se sitúa en los últimos lugares en las tres competencias evaluadas. Al analizarlas exhaustivamente, se observa una constante, y es que las instituciones educativas de carácter privado son las que obtienen mejores valoraciones, y las públicas por lo general conquistan las peores calificaciones. Esta brecha evidencia un gran problema en materia educativa en el país.
Desde diferentes sectores políticos se han planteado diversas soluciones: algunos le apuestan a mayor inversión en docentes e infraestructura, otros, a cambios en la metodología educativa, y entre tantas, hubo una que fue muy criticada, esbozada por la Senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, ella en su cuenta de Twitter expresó: “si Fecode no quiere volver a clases, el Gobierno debe ofrecer de manera inmediata un bono escolar para que los padres puedan llevar a sus hijos a colegios privados” por esto fue señalada de querer acabar con la educación pública en el país, pero, ¿qué tal y la Senadora tenga razón?
Lo que propuso Paloma Valencia no es nuevo, ni tampoco busca eliminar el Estado de la fórmula: “Estado, sociedad y familia” en la educación. Lo que la Senadora definió como “bonos” equivale a un “vóucher” o “cheques” educativos, sistema ideado por Milton Friedman hace más de 60 años, que consiste en subsidiar la demanda (estudiantes), y no a la oferta (colegios). En Colombia lo hacemos al revés: financiamos las instituciones educativas para que éstas eduquen a nuestros niños. Los “vóucher” o “cheques” educativos han sido implantados por países como Corea del Sur, Finlandia, Singapur, Suecia, algunos estados de Estados Unidos, Hong Kong y ciertas regiones de Italia. Sus resultados son excelentes.
Esta propuesta, abarca un sistema de financiación educativa en el que el Estado entrega a los padres un “cheque”, “bono” o “vóucher” por cada hijo en edad escolar, canjeable únicamente en instituciones educativas. Así, el Estado seguirá financiando la educación pero dejando en la mayoría de los casos de prestar directamente este servicio. No habrá entrega de dineros en efectivo a los padres, lo que evita la indebida destinación de los recursos. Con este “bono”, los tutores tienen la libertad de elegir el centro educativo que deseen, abonarían estos gastos a la institución en la que matriculen a sus hijos, según su conveniencia particular: la cercanía, calidad, especialidad, etc. Algo muy parecido a “ser pilo paga”. Esto inmediatamente genera competencia entre las instituciones bien sean públicas o privadas, y conlleva el mejoramiento de la calidad. Igualmente a las instituciones que reciben los bonos, se les deberá exigir un mínimo de estándares y resultados para hacer efectivos los canjes, y así evaluar que la calidad corresponda a la anhelada.
Pero surgen algunas preguntas, la principal sería: ¿Se acabarían las instituciones de educación pública? La respuesta es: No, pero sí disminuirían en número. El estado deberá enfocar sus esfuerzos en la vigilancia de las instituciones privadas y en brindar el servicio donde económicamente no es viable subsidiar la demanda, principalmente en zonas rurales y apartadas del país; allí se deberá continuar con las políticas públicas o enfocar esfuerzos tecnológicos para que accedan al sistema de “vóucher”.
Existen estudios que apoyan estos métodos, por ejemplo, Alejandro De Zubiría, director de Mejoramiento de la Calidad de la Fundación Alberto Merani, realizó una investigación para obtener una radiografía de la evolución de la calidad de la educación en el país, que arrojó que: “desde el 2001 la inversión por estudiante se ha llegado a duplicar y pese a esto los resultados siguen siendo los mismos”. El estudio muestra que alrededor de 300 mil pesos mensuales puede llegar a costar la educación de un alumno en una institución pública, en algunos casos esta cifra es más alta que en una privada, la inversión no se ve reflejada en los de los resultados de las pruebas PISA o el ICFES.
Ante el fracaso del sistema actual, la educación debería ser el punto de partida que nos una, para encontrar soluciones viables basadas en la ciencia, la investigación y en los resultados. Es hora de abrir el debate, dejando a un lado la mentalidad fija que impide cambios para ser mejores. ¡Ya es hora de hacer algo!
