Por Rubén Darío Ceballos Mendoza
Preocupa sobremanera que Santa Marta, de cara a sus 500 años de fundada y luego de dos administraciones y la que cursa, no hayan podido definir para la ciudad un Plan de Ordenamiento Territorial digno de ella. Es el sentir de la gente, que es un caos el presentado para revisión al Concejo, mal planeado y peor estructurado, con propuestas ‘nada que ver’, alcances menores, favoreciendo amigos, pagando favores y otras perversidades, como si acaso su texto y parámetros hayan sido manipulados para favorecer a unos pocos en perjuicio de muchos, con variaciones en el uso del suelo y mares de desaciertos que no se conjugan con la propia realidad y necesidades de la urbe y sus pobladores, mismas que parecieran modalidades emergentes de corrupción (tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y demás) que merecen ser investigadas a fondo, en la seguridad absoluta que habrá mucha tela que cortar; lo que de ser cierto, valdría para que de paso se hicieran los señalamientos que fueren del caso ante las autoridades correspondientes y se conocieran con prontitud las determinaciones que dichas investigaciones arrojen.
No hay derecho a que el POT samario, que debería ser el más importante instrumento de nuestra planeación, se esté usando como mecanismo de irregularidades y convirtiéndolo en objeto de manipulaciones en detrimento de la ciudad, ciudadanía y comunidad; y haya en ello, en decir de muchos de nuestros habitantes, funcionarios, políticos, propietarios y contratistas enriqueciéndose en cambio del crecimiento desordenado que en él se registra, lo que generará ingentes problemas, que sumados a los existentes (falencia de vías, servicios, espacio público, nulo tratamiento de aguas residuales, y demás) nos harán colapsar en el inmediato futuro, importado en esto que ojalá el Ministerio Público y Contraloría tomen cartas en el asunto y estructuren un esquema de intervención preventiva. No es posible que nuestro POT, como parece ser, se convierta en una máquina de falencias, a la par de servir para que se violen las normas ambientales.
Pareciera no entenderse cuán robusto es el alto impacto benéfico que un POT puede generar en lo urbanístico, en lo patrimonial, en la calidad de vida que pueda ofrecer a una ciudad, razón por la que la ley creara sistemas de contrapesos y procedimientos democráticos para su aprobación, que no vemos tenidos en exacta cuenta en nuestro caso; valiendo recordar que fueron creados como una herramienta técnica para planificar, ordenar el territorio y definir cómo hacer uso del suelo, cuáles y dónde están sus áreas protegidas, en qué condiciones y sitios se puede ubicar vivienda, actividades productivas, culturales y de esparcimiento, siendo esencial para el uso racional de los centros urbanos, la sostenibilidad ambiental, planificar la seguridad de la población ante riesgos naturales, garantizar el acceso a servicios comunes, vías, parques, colegios, hospitales y servicios públicos, entre otros.
Me duele mi ciudad, de ahí que sostenga que no hay derecho para que se nos dé tratamiento de villorrio. ¿Cómo es posible, lo cual clama al cielo, que en lugar de aprovechar circunstancias como la que vivimos, en lugar de repensar el espacio público, definirnos con altura como debiera y tendría que ser, sea la genialidad del siglo demarcar la Avenida ‘Campo Serrano’, para seguir en lo mismo o de pronto hasta peor? Insisto. Señores concejales. Hijos de la tierra. Tienen la oportunidad feliz de reivindicar a la ciudad y reivindicarse con sus habitantes en la búsqueda y procura de mejores soluciones a las contenidas en un POT, a todas luces inconsistente que no nos llevará a ninguna parte, lo que no se compadece con la ciudad y menos con la efemérides a escaso un lustro de sucederse, fecha que debe mostrarnos desde ya ante la comunidad de naciones como una urbe ordenada, moderna, amable y definitivamente encaminada hacia su integral prosperidad de cara al porvenir, sobre lo cual debe existir reacción.
