Por Miller Soto
Aunque el expresidente Álvaro Uribe Vélez seguramente será beneficiado con la libertad después de tramitarse los procedimientos ante la juez de control de garantías, no habría nada que celebrar. Primero, porque esa medida de aseguramiento nunca debió darse; y segundo, porque ya el daño está hecho. La morisqueta de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema le costó al país nada más y nada menos que la renuncia a su curul del mejor senador que ha tenido Colombia. Y no se trata de una simple aseveración, sino de la constatación de una verdad incuestionable.
Álvaro Uribe, en su paso por el Senado en los últimos dos periodos, ha sido ejemplo de trabajo, puntualidad, honorabilidad, propuestas y respeto a sus colegas y a las instituciones democráticas. Es el autor de leyes como la 1868 de 2017, que estableció la entrega de informe anual sobre el avance de los acuerdos comerciales suscritos por Colombia; la 1912 de 2018, que hace que el subsidio al adulto mayor sobrepase la línea de pobreza; la 1966 de 2019, que contempla medidas que mejoran la transparencia, vigilancia, control y aplicación del uso de los recursos financieros del Sistema General de Seguridad Social en Salud; la 2042 de 2020, que otorga herramientas a los padres de familia, para que vigilen la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE); la 2036 de 2020, que autoriza al Gobierno Nacional para financiar la participación de entidades territoriales en proyectos de energía; y entre otras iniciativas en las que acompañó a sus colegas en calidad de coautor, la Ley 2043 de 2020 sobre la validez de las prácticas profesionales como experiencia laboral, de la autoría de la Representante a la Cámara Teresa Henríquez.
Además, no conformándose con servir mucho, radicó, antes de renunciar, importantes proyectos de reformas a la Constitución, como la eliminación de las contralorías territoriales; la desconexión del delito ambiental con el delito político; la consagración de Medellín como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación; y de proyectos de ley, como la reducción de la jornada laboral sin afectar el salario; el bono solidario que busca beneficiar a la población joven nacida en hogares con bajos ingresos; el Ingreso Solidario permanente; el impuesto permanente del 10% adicional al salario de los congresistas.
Y no contento con eso impulsó el tema de la prima adicional para los trabajadores, un asunto que tuvo que suspenderse por la pandemia, pero que —como muchos de los temas impulsados por el expresidente— obedece a la filosofía de menos gastos público, menos impuestos a las empresas y mejor remuneración para los trabajadores, en el marco de lo que él define como economía fraterna en lugar de odio de clases. En fin, iniciativas todas encaminadas a subir el nivel de la producción legislativa a través del abordaje de temáticas orientadas a beneficiar a la sociedad colombiana.
Hoy, estas iniciativas, que quedan radicadas y que suponemos serán defendidas principalmente por los miembros de la bancada uribista en el Congreso, pierden a su principal aliado por cuenta de una circunstancia pérfida e inconcebible que dio lugar a una renuncia que toda Colombia debe lamentar; porque, más allá de que se coincida o no con las ideas de Uribe, nuestro país está ávido de más congresistas que trabajen con su seriedad, su fervor y su entrega.
Aunque espero se le ponga fin a esta injusticia contra Uribe, no habrá alegría que revoque el desafuero contra el país al privarnos de su presencia en el Congreso.
