Francisco García: El verdugo de los constructores de Santa Marta. INVESTIGADO POR CORRUPCIÓN

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Varias fuentes entrevistadas por Revista 7 coincidieron en afirmar, que el funcionario utilizó atribuciones ilegales otorgadas por el Concejo Distrital de Santa Marta no solo para lucrarse, sino también para enriquecer toda la estructura jerárquica de Fuerza Ciudadana, al presionar a pequeños, medianos y grandes constructores, además de torpedear y trabar los proyectos de construcción con la operación del grupo de funcionarios y contratistas en el interior de esa cartera, donde se han especializado en exigir sobornos.

Utilizando las ‘facultades’ que el Subprograma: Normalización Urbana adoptado por el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2019 de la ciudad de Santa Marta le otorgó a la Secretaría de Planeación Distrital, se emitieron resoluciones que autorizaron construir edificaciones con muchos pisos más de los permitidos por la norma, además de edificar y urbanizar en rondas hídricas o de protección, determinadas así por el Plan de Ordenamiento Territorial, en cambio de compensaciones irrisorias o poco verificables en la realidad.
Dicho subprograma, como se lee en el Plan de Desarrollo 2016-2019 de la ciudad de Santa Marta, tenía como objetivo la “financiación de la extensión de redes de servicios públicos domiciliarios, infraestructura vial, urbanismo y dotación de espacios públicos en la ciudad, mediante el sistema de cargas y beneficios”.
Se indica, también, que el Alcalde podría delegar a la Secretaría de Planeación para conceder mayores espacios de edificabilidad, teniendo en cuenta el reparto de cargas y beneficios establecidos por fuera de planes parciales, atendiendo prioritariamente las condiciones urbanísticas, el equilibrio de alturas con respecto a las edificaciones existentes, y las garantías de cobertura para los servicios básicos de acueducto y alcantarillado.
Con la aprobación del Proyecto de Acuerdo Distrital 010 de 2016, “la administración quedó facultada a través de la Secretaría de Planeación para expedir acuerdos de desarrollo concertado que permitan la habilitación del suelo urbano, de expansión o rural para la construcción de vivienda de manera que garantice la disponibilidad de los servicios públicos”.
Varias fuentes que solicitaron el anonimato, coinciden en afirmar, que todas las personas que estuvieron al frente de esa Cartera sacaron directa o indirectamente provecho por la expedición de tales resoluciones, que se otorgan en contravención con las normas vigentes, toda vez que una autoridad no facultada permite una mayor edificabilidad. En otras palabras, se construye por encima de los planes parciales, atribuyéndose la competencia de otras instituciones, pasando por encima de normas que expresamente lo prohíben.
“Tengo conocimiento de que al señor Francisco García le dieron apartamentos en Palo Alto, edificación que se construyó con la anuencia de la Secretaría de Planeación al menos seis pisos por encima de los que la norma permite o autoriza para esas zonas”, manifestó uno de los denunciantes. La fuente fue muchos más allá y afirmó, que en el interior de esa Cartera, al parecer, hay un grupo de funcionarios y contratistas especializados tanto en torpedear y trabar los proyectos para exigir sobornos, como en la aprobación de otros sin el lleno de todos los requisitos que la ley exige o hacerse los de la vista gorda cuando se evidencian falencias por cambio de dinero o bienes raíces.


El artículo en mención fue demandado porque se otorgó un permiso de urbanización en un predio ubicado geográficamente en un feudo mayor, colindante con una quebrada protegida ambientalmente. Obra en el expediente de la demanda que tal permiso se concedía porque el constructor se comprometía a ejecutar una compensación en favor de la ciudad consistente en la pavimentación de una calle limítrofe con la edificación a levantar.
Al ser cuestionado por el Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta, el Concejo Distrital como cuerpo colegiado se opuso al decreto de la medida cautelar solicitada, indicando que: “ i) el aparte demandado no es una norma en sí misma, toda vez que esta corresponde a una mera enunciación dentro de la parte general no vinculante, ii) que la solicitud no es clara ni precisa, pues no se determina si se quiere la suspensión del aparte o del artículo 1º del Acuerdo Distrital 010 de 2016, iii) que el demandante no puede solicitar la suspensión provisional de un simple lineamiento, el cual tiene carácter enunciativo, no concede facultades de ningún tipo, iv) que en consecuencia no existe una norma acusada”.
No obstante, el Juzgado Tercero Administrativo declaró la suspensión provisional del aparte que permitía a la Alcaldía Distrital de Santa Marta por intermedio de la Secretaria de Planeación emitir autorizaciones de construcción o edificabilidad, toda vez que van “en contravención de normas jurídicas y del medio ambiente como patrimonio colectivo constitucionalmente protegido, evento que aún con el sistema de cargas y beneficios no podría repararse una vez concretadas las estructuras urbanas correspondientes, de tal suerte que hasta tanto no se estudie la legalidad del acto demandado de manera parcial, lo procedente será suspender el aparte demandado y, por tanto, ordenar al ente demandado abstenerse de darle uso a las facultades allí contenidas”.
Esta decisión fue confirmada en noviembre del año pasado por el Tribunal Administrativo del Magdalena, evidenciando la forma irregular en la que se otorgaron muchas licencias y permisos de construcción.
El último año de la administración Caicedo y todo el gobierno de Rafael Martínez, afirma otra de las fuentes, Francisco García Rentería hizo uso de esa figura para presionar a los constructores y recibir beneficios económicos. “Uno se pregunta de dónde sacan dinero para comprar apartamentos en zonas y condominios tan exclusivos, que sinceramente no están al alcance de un funcionario o contratista del área administrativa de la Alcaldía de Santa Marta o sus dependencias. El hoy Gobernador vive en un exclusivo apartamento en Bavaria; la alcaldesa Virna Jhonson reside en un edificio de los construidos por ‘Pacho’ Infante, que no cuestan dos pesos y, Rafael Martínez, se dejó ver, durante su detención domiciliaria, en un apartamento con vista al mar en el sector de Sierra Laguna y, el mismo García, que vive en Palo Alto”.
Pero, Francisco García Rentería no trabaja solo: como ya se dijo en este medio, el personaje en cuestión ha mantenido desde hace años una relación burocrática con la empresa Geografía Urbana S.A.S, que le ha costado al erario varios cientos de millones de pesos. Esta firma consultora ha sido un gran aliado en toda la estructuración del ordenamiento territorial de las pasadas administraciones, además, trabaja con constructores privados en la formulación de planes parciales, es decir, está incurso en conflicto de intereses al tener acceso a información privilegiada como contratista de la Alcaldía.
También, han denunciado que García direccionaba los procesos de obtención de Licencias de Construcción hacia la Curaduría Urbana Número Uno, regentada por Jorge Tamayo, funcionario de quien se sabe es ficha política directa del concejal Juan Carlos Palacio. Tamayo ha figurado en los medios de comunicación por sus actuaciones siempre polémicas y llenas de dudas: recuérdese todo el entramado irregular que giró en torno al proceso de remodelación del Teatro Santa Marta, o la Licencia de Construcción que se entregó a una complejo habitacional que obstruye la prolongación de la Avenida del Libertador a la altura de la glorieta de La Piragua.
“Supuestamente, como se comenta en privado por el gremio constructor de la ciudad, para obtener las Licencias sin contratiempo, incluyendo aquellas en las que se otorgan pisos por encima de la ley, lo mejor es iniciar el proceso en la Curaduría Urbana Número Uno, donde Jorge Tamayo”, comenta una de las fuentes denunciantes.
La fuente, cercana al mundo de la construcción, sostiene que al parecer “la Licencia del Almacén ARA que actualmente funciona en la calle 17 con carrera quinta, fue solicitada inicialmente en la Curaduría Urbana Dos, pero por la inclusión de un área de bodegaje o exhibición unos metros más de lo permitido, se presentaron problemas y retrasos en Planeación. Días después el proyecto fue retirado y sin ninguna modificación lo presentaron en la Curaduría Urbana Uno, obteniendo, sin problemas, el visto bueno para la edificación”.
Jorge Tamayo o las Curadurías Urbanas suponen una pieza importante en todo lo que hasta aquí se ha denunciado, tan así, que desde la Alcaldía Distrital se ventiló la posibilidad de otorgarle el control absoluto de las dos Curadurías que hoy tiene Santa Marta.
Por otra parte, es sabido que el Permiso de Enajenación, el cual es expedido por la Secretaría de Planeación, en la época de Francisco García, se transformó en un filtro por el cual necesariamente debían pasar los constructores, ya en vísperas de escriturar las unidades inmobiliarias a los compradores, donde sus proyectos eran duramente cuestionados por la Secretaría de Planeación, sin tener la competencia para hacerlo y muchos de ellos se vieron obligados a buscar mecanismos de concertación con este funcionario, para obtener dichos permisos, cuando el hecho de contar con licencia de construcción aprobada es según la ley, garantía para la obtención del mismo, únicamente aportando los documentos solicitados.
Los denunciantes señalan que muy a pesar de la suspensión de las funciones que le permitían a García Rentería liberar altura a cambio de compensaciones, que en su espíritu, debían beneficiar a la ciudad, estas nunca se llegaron a ejecutar, en cambio, el daño causado no solo al medio ambiente y a la planificación urbana, sino también a la confianza de los inversionistas, es irreparable.
“No queda más que hacer un llamado a las autoridades para que investiguen en detalle lo que aquí se pone de presente y se determinen las responsabilidades disciplinarias y penales a las que haya lugar”, sentenció una de las fuentes anónimas que ha mostrado su preocupación por la corrupción rampante en el interior de la Secretaría de Planeación Distrital.

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