Por Miller Soto
Edward Stratemeyer, fue un empresario y escritor norteamericano que falleció en 1930 a sus 68 años. Se dice que escribió más de 1200 libros y se calcula que llegó a vender más de 400 millones de copias. Una de sus obras más conocidas es ‘Tom Swift’, una serie de novelas de ficción que empezaron a publicarse en 1910, que desarrollan temas relacionados con la ciencia y la tecnología, y que terminaron agrupándose en unos 100 volúmenes. Aunque la autoría se le reconoce a Victor Appleton, la verdad es que se trata de un seudónimo usado por Stratemeyer y otros escritores que le colaboraron. Tom Swift, el personaje central de la serie, es una especie de genio de la invensión tecnológica que ayuda a resolver misterios. Una de estas novelas, es ‘Tom Swift y su rifle electrónico’, en la que el protagonista inventa un rifle que en lugar de disparar las balas convencionales inmoviliza al adversario a través de una descarga eléctrica. Se dice que esta novela era una de las preferidas de Jack Cover, un físico nuclear neoyorquino que trabajó como investigador de la NASA y que en 1974 terminó un invento al que llamó ‘Thomas A. Swift Electronic Rifle’ o TASER, como haciéndole un homenaje a aquella historia de ficción que lo habría cautivado.
Jack Cover, quien fallece a causa de una neumonía en 2009, vió la necesidad de inventar un tipo de arma que tuviera como característica principal su no letalidad y que sirviera para inmovilizar a agresores sin llegar al extremo de matarlos. Su intención tenía un propósito humano, además de útil; pero, a partir de la masificación del producto en 1993 gracias a la visión emprendora de los hermanos Smith (Patrick y Thomas), empezaron a llover progresivamente críticas en relación con las dudas que despertaría la no letalidad de un arma que hoy muchos consideran letal.
El debate sobre la letalidad o no del dispositivo TASER, no cesa. Aunque hay quienes argumentan que buena parte de las víctimas mortales de este particular artefacto no perdieron su vida por haber tenido contacto con él, o porque evidenciaron precedentes condiciones médicas o porque se encontraban bajo los efectos de la droga o el alcohol, lo cierto es que las circunstancias en las cuales un policía se ve obligado a usarla difícilmente creo que permitan pedirle exámenes médicos o hacerle pruebas toxicológicas a su adversario antes de dispararle. El punto es que el uso de este tipo de arma debe ser revisado a profundidad, bien sea para determinar si se usa o no, o para establecer con claridad las condiciones en las que su uso resulta procedente. Un ejercicio que debe hacerse en sede gubernamental y legislativa, y en el marco de la capacitación de los agentes del Estado que estarían autorizados para usarla.
Hoy, en Colombia, más allá de las causas puntuales que produjeron la muerte de Javier Ordoñez, lo que pudimos ver a través del video que se hizo viral, fue a un señor ya sometido por dos agentes de la Policía Nacional, en donde uno de ellos persistía en atacarlo con el dispositivo durante un tiempo y a una distancia a todas luces imprudentes, como queriendo —más que inmovilizarlo— acabarlo. Un gesto que a la mayoría de las personas con las que he hablado les ha parecido brutal y que no guarda concordancia alguna con la conducta que debe ser característica de los agentes de la Fuerza Pública.
Pero digámonos la verdad, eso lo opinamos desde la calentura propia de un espectador que especula indignado al no analizar el contexto en detalle y al desconocer las circunstancias específicas que rodearon el trágico evento. Lo que como ciudadanos responsables debemos hacer, sin que ello implique bajarle a la indignación frente a lo que repudiamos, es esperar que se desarrolle un proceso en el que los agentes tengan la oportunidad de defenderse y en el que la sociedad tenga la posibilidad de conocer paso a paso los hechos que dieron lugar a la lamentable muerte de Javier. Es lo menos que debemos esperar en un Estado de Derecho. Y si después de un debido proceso se concluye que efectivamente uno o más agentes son sujetos activos del homicidio de Ordoñez, pues que les caiga —como corresponde— todo el peso de la ley.
Dicho esto, creo que es pertinente abordar el tema de la “reacción”. Es inaudito que sobre la base de una generalización que apunta a la estigmatización de la Policía Nacional como institución, se adelanten acciones dirigidas a desestabilizarla, a desprestigiarla y a convertirla en el enemigo de una sociedad a la que ha protegido durante más de un siglo de historia. Un tiempo que le ha servido para evolucionar afrontando los retos característicos de este tipo de instituciones; sobre todo, en un contexto tan complejo como el colombiano. Y lo más grave, es que esas acciones que tienen a la Policía Nacional en la mira, se traducen en actos que, además de generar zozobra, desembocan en más muerte y en la destrucción de buena parte de nuestro patrimonio público. Porque, digamóslo sin eufemismos, esa “reacción” que tiene más cara de premeditación y que es el origen de cada muerte, cada incendio y cada destrozo, no es más que un conjunto de actos terroristas impulsados desde la cobardía de quienes, travistiéndose de líderes de amor y paz, usan a idiotas útiles para generar el caos.
Sí, son ellos, los travestis de la política, los que de modo tan perverso como astuto han logrado el objetivo de convertir una bella ciudad como Bogotá en un incomprensible campo de batalla para desestabilizar el orden público y confeccionar una narrativa que les permita dar sentido a su discurso en contra del gobierno y de todos los que defendemos el orden, la legalidad y la institucionalidad.
Sería necio desconocer que una institución como la Policía Nacional tiene retos que afrontar. Sabemos que hay elementos que deshonran el uniforme y esperamos que se activen los procedimientos a que haya lugar para que les apliquen las sanciones que merecen. Asimismo, nuestro ordenamiento jurídico contempla —en ámbito contencioso— medios de control destinados a garantizar que el Estado responda por irregularidades, delitos o fallas que afecten los derechos de cualquier ciudadano por parte de un servidor público en ejercicio de sus funciones. Es así como funciona el Estado Derecho y no mediante una irracionalidad que evoca las absurdas justificaciones que históricamente ha usado el terrorismo en Colombia, pues mientras las guerrillas decían estar molestas con el sistema y los paracos con las guerrillas, se fue engendrando este círculo de violencia que parece imparable. Y es por esto que no podemos tolerar que bajo el pretexto de la indignación se promueva el aniquilamiento de una entidad que la sociedad debe respetar y apoyar a través del rechazo a conductas inadecuadas de sus agentes y a través del repudio frente a discursos y acciones que busquen vilipendiarla.
Finalmente, quisiera hacer tres reflexiones sobre tres asuntos que merecen atención: 1) Para que el uso del dispositivo TASER no sea letal, debe ser profundamente analizado y regulado; 2) la protesta pacífica, que es un derecho fundamental, debe ser regulada de tal modo que quien decida ejercerla no corra el riesgo de ser confundido con quienes, aprovechándose de ella, cometen actos terroristas; y 3) debemos aprender como sociedad a diferenciar entre lo que es un verdadero líder político y aquel que se traviste de uno para saciar sus ambiciones mediante la piromanía, el delirio de grandeza y la esquizofrenia.
Recordemos, mis queridos lectores, que así como la gasolina no apaga el fuego, la violencia jamás se acabará con más violencia.
