Por Hernando Fernandez de Castro Dangond
La sociedad de una Nación, cualquiera que sea, surge en el momento en que el ser humano sale de las cavernas y se organiza, en pequeños grupos, luego en tribus, después en comunidades que fueron las primeras ciudades y por último en Estados soberanos, siempre con una constante, el imperio de unas reglas que garantizaran la tranquilidad y la convivencia pacífica, reglas que con el transcurso del tiempo, se convirtieron de obligatorio cumplimiento, tanto para los civiles como para los que hoy denominamos servidores públicos.
De ahí se desprede que las personas que se desempeñan como empleados del Estado, son los primeros que tienen la obligación de cumplir las leyes, y con mucha más razón los miembros de los cuerpos armados del Estado, dentro de los que se encuentran en Colombia, los componentes de la Policía Nacional, desde su director hasta el policial raso, sus actuaciones deben sujetarse a nuestras normas y al estricto cumplimiento y respeto a los Derechos Humanos.
Por ello es inaceptable, intolerable lo que hicieron los policiales al atacar hasta reducirlo y causarle la muerte al ciudadano Javier Ordoñez, nuestra sociedad, por constitución, debe soportar el accionar de nuestras autoridades, pero nunca el abuso. Este lleva al irrespeto y atropello de nuestros derechos constitucionales, legales y humanos. Y si con el accionar de la policía se le causa la muerte a un colombiano, el peso de la ley debe caer sobre los responsables individualmente hablando. No podemos culpar a la institución de la policía Nacional, no son sus políticas atropellar a los ciudadanos, pero tampoco podemos desconocer que hacen falta mejores procesos de selección y más exigencia en niveles educativos a las personas que aspiren a ingresar al cuerpo de la Policía, que debe ser de toda la confianza de nuestra sociedad porque son los encargados de la conservación del orden público en ciudades y en al campo.
Todo lo anterior, no justifica de ninguna manera, el accionar de unos desadaptados y vándalos que aprovechándose de lo ocurrido por el accionar de unos policías contra el ciudadano Javier Ordoñez, causaron destrozos en bienes públicos y privados. Si bien, el derecho a la protesta está garantizado en nuestra constitución, esta no llega hasta la autorización para la destrucción y el atropello a la ciudadanía y autoridades atentando contra su integridad y su vida
Lo ocurrido en distintas ciudades de nuestra patria, no tiene ninguna clase de justificación, el vandalismo está prohibido, la destrucción de la propiedad es intolerable, los ataques a las personas particulares y servidores público, no puede ser admitido por el grueso de la sociedad y menos debemos apoyar a aquellos personajes de la política que invitan al desorden y que tratan de aprovecharse de las tragedias nacionales o de los errores de unos policía para pasar tarjeta de invitación a través de las redes a que se cree el caos, el desorden y se violen la constitución y la ley destruyendo lo que ha sido adquirido con el dinero de todos los colombianos.
Parece que todo estaba organizado y orquestado, que los días de cuarentena fueron aprovechados para organizar como debían hacerse los ataques a los diferentes CAIS en Bogotá y en otras ciudades de Colombia, no se entiende de otra manera que se hubiesen podido organizar en el poco tiempo transcurrido entre los hechos del abuso policial y la destrucción de Transmilenio y los Centros de Atención Inmediata de la Policía en Bogotá.
La protesta es importante, lo mismo que en ella participen los jóvenes, pero lo inaceptable es el vandalismo y los hechos vandálicos, como tampoco se puede tolerar la instrumentalización de nuestra juventud por parte de personajes que en el pasado han sido iconos de violencia en Colombia, pretendiendo hoy posar de dirigente políticos democráticos, cuando antes fueron actores principales de hechos que atentaron contra nuestra democracia.
