El apoyo y el trabajo interinstitucional con organizaciones de carácter nacional e internacional para atender algunos fenómenos que se están presentando frente a la población migrante, fue el tema a tratar en reunión realizada.
Con esta visión, se llevó a cabo una mesa de trabajo con la participación de la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud, Migración Colombia, la Personería Distrital, la ACNUR Américas y el Consejo Noruego.
La secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Sandra Vallejos Delgado, explicó que la reunión tuvo como efecto la planificación y coordinación de acciones para enfrentar los problemas sociales y de seguridad ciudadana, estableciendo alianzas para atender a esta población.
Así mismo se analizó el tema de la contención de delitos a causa de la participación de ciudadanos extranjeros.
La Secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana dijo que como tema central está la mesa de infancia y adolescencia de Venezuela y la manera de enfocar esfuerzos para el apoyo de acuerdo a la Ley 1098.
Uno de los casos especiales es la atención de niños, niña y adolescente y su situación crítica, frente a la instrumentalización de estos de parte de sus padres, para poder captar dinero, a través de la mendicidad, lo que se tipifica en una conducta penal.
Igual los niños, niñas y adolescentes, de nacionalidad venezolana, que son instrumentalizados para el delito y que son reclutados por las estructuras criminales para cometer sus fechorías y el tráfico local de estupefacientes.
Con Migración Colombia, Policía Nacional y Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se están llevando a cabo mesas de Policía Judicial, precisamente para detectar bandas estructuradas que han venido afectando la seguridad ciudadana como es el tema de las dos estructuras que han venido cometiendo homicidios y Santa Marta no es ajena esa realidad .
Uno de los efectos o fenómenos a los que se le hace seguimiento y control son las invasiones desarrolladas por personas profesionales, utilizando familias venezolanas, engañándolos con el pretexto de la entrega de terrenos y dinero y luego los extorsionan para que desocupen.
Otra de las modalidades es que los instrumentalizan para la ocupación del predio, generando alteración del orden público para dificultar luego a los entes territoriales, en la recuperación de los mismos.
