9 alertas de la Contraloría por proyectos vencidos del Sistema General de Regalías, por más de $203 mil millones

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La Contraloría General de la República lanzó 9 alertas sobre proyectos de regalías vencidos o suspendidos por un valor de $203 mil millones de pesos.

Estos recursos no han sido entregados a la comunidad, indicó la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la CGR, que allegó estos datos utilizando un modelo analítico de seguimiento al Sistema de General de Regalías.

Los proyectos pertenecen a los sectores de Salud, Transporte e Infraestructura Vial y Saneamiento Básico y su seguimiento y vigilancia se realizó gracias a la revisión que hace la DIARI a las bases de datos, entre las que se resaltan GESPROY Y SUIFP, que permiten monitorear, en tiempo real, el Sistema General de Regalías.

De esta forma se estableció una primera alerta en el contrato que tiene por objeto la construcción del Hospital del barrio Santa Mónica, ubicado en el municipio de San Juan de Pasto, donde se han invertido recursos de regalías por más de $27 mil millones de pesos.

Con preocupación, la Contraloría General de la República encontró que este proyecto tiene, desde el año 2015, tres contratos de dotación, mobiliario médico e infraestructura civil que no han sido recibidos a satisfacción por las comunidades de esa región del sur del país. Así mismo, estos contratos, han tenido múltiples prórrogas y suspensiones en los último cinco años.

Y en el departamento de Vaupés, se encontró que el proyecto para el mejoramiento y ampliación de la infraestructura aeroportuaria del departamento de Vaupés, que tiene un contrato por más de $21 mil millones de pesos, inició en el año 2015 y tiene proyectado finalizar en el año 2021, cuando su término inicial de ejecución era de 8 meses.

4 alertas en La Guajira 

Llama la atención también que, de estas 9 alertas al Sistema General de Regalías, 4 tienen como escenario el departamento de La Guajira, en cuya capital, Riohacha, la Contraloría General identificó que el contrato para la construcción del Microacueducto para suministro de agua con sistema solar fotovoltaico en la comunidad indígena La Romana, está en la actualidad vencido con un avance físico del 70 por ciento. En este proyecto se invirtieron más de $717 millones de pesos

También en Riohacha, el proyecto para la construcción de pavimento flexible y expansión de las redes de alcantarillado de la comuna 10, por un valor de $28 mil millones de pesos, está actualmente vencido y lleva más de un año sin ser intervenido.

Y en otro municipio de La Guajira, en Albania, la construcción de la reposición de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas, obras de extensión de redes eléctricas y acceso vial a la PTAR del sector urbano de Cuestecitas, se encuentra suspendida y con un avance de solo el 48. En este proyecto se invirtieron más de $6.400 millones de pesos.

Así mismo, se identificaron alertas en los siguientes proyectos, que suman $119 mil millones:

*Los proyectos viales como el mejoramiento de vías terciarias en el municipio de Hatonuevo, también en La Guajira

*La rehabilitación y adecuación de vías, acueducto y alcantarillado en la zona urbana del municipio de Belén de Umbría, en Risaralda.

*El mejoramiento de vía entre los municipios Ciénaga de oro, Chimá y Tuchín, en el departamento de Córdoba.

*Y la construcción de 2 kilómetros más 256 metros de pavimento en concreto rígido de la vía Obapo-Pacurita, en el municipio de Quibdó, en el departamento de Chocó. Estos proyectos suman 119 mil millones de pesos.

Alertas a municipios por información desactualizada 

“Hay igualmente una alerta en la DIARI a los municipios que no tienen actualizada la información de la base de datos GESPROY. Se han identificado numerosos proyectos vencidos.

La Contraloría requirió a esos municipios para revisar si dicha información se encontraba actualizada y muchos respondieron, pero sus proyectos no se encontraban vencidos sino suspendidos.

“Estamos vigilando el minuto a minuto de estos recursos con la información que los entes territoriales reportan en las bases de datos, siendo los mismos responsables por la información que en ellas se publican”, indicó la directora de la DIARI, María Fernanda Rangel.

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