Con una amplia exposición del ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para hacerle frente a la inusitada violencia desatada en los departamentos de Cauca, Nariño y Valle se inició el debate en la Comisión de Derechos humanos del Senado y que se extendió por siete horas para analizar las causas y medidas que se deben adoptar para frenar los hechos violentos que se le adjudican al narcotráfico.
Por su parte, la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático), quien citó al debate político al Gobierno para conocer sus reacciones frente a los crímenes que se han presentado recientemente en el suroccidente del país, cedió su posición como presidenta de la Comisión para cuestionar a los citados, abriendo la sesión con las respuestas que expuso el titular de la Defensa Nacional, a un cuestionario previamente enviado a los representantes del Gobierno Nacional.
Inicialmente la congresista hizo un resumen de la situación de orden público que se ha alterado en las últimas semanas por los asesinatos en las regiones, donde responsabilizó el accionar de los grupos armados al servicio del narcotráfico como autores de los hechos.
A las disidencias de las Farc, Clan del Golfo, ELN y organizaciones criminales integrados por las bandas de Los Pelusos y Caparros las tildó como las autoras de los homicidios, recogiendo estadísticas del Ministerio de la Defensa y la Fiscalía General de la Nación, señalando que los casos registrados el 57% de los mismos han sido esclarecidos por la Fiscalía al corte del 31 de julio.
De otra parte, afirmó que no es cierto que los secuestros y homicidios colectivos se hayan registrado aumentado en los últimos dos años y señaló que por lo contrario se han reducido en comparación a años anteriores, según los datos obtenidos de la fuente del Ministerio de la Defensa.
Recalcó que los asesinatos coinciden con el incremento de los cultivos ilícitos que se han venido aumentando desde la firma del acuerdo de La Habana y ante la suspensión de las fumigaciones aéreas para destruir las matas de coca.
“Los secuestros y otros delitos han bajado y las autoridades han hecho su labor y las cifras lo comprueban. Vale la pena señalar que los resultados se deben a una política de Estado en seguridad o por efectos de la pandemia”.
Agregó que un total de 502 miembros de los grupos armados organizados ha sido neutralizado por las autoridades en los últimos nueve años y que Tumaco es la zona donde más crecieron los cultivos ilícitos, con un 224%, seguido de Barbacoas con 8% y Samaniego con el 3%.
Manifestó que con respecto a las víctimas, ninguna tenía antecedentes delictivos y señaló que la presencia de las disidencias de las Farc, Clan del Golfo, ELN y otros grupos armados en Nariño es muy grande.
En el departamento del Valle la situación no es diferente a los otros inmersos hoy por los homicidios colectivos, las autoridades trabajan para determinar a los responsables de los tristes hechos con las autoridades de la Policía Nacional, Ejército y Fiscalía.
“Un total de 388 sujetos que pertenecen a 10 estructuras del ELN y de las disidencias de las Farc, están operando para proteger y traficar coca en el Valle. 121 líderes fueron asesinados desde la firma de la paz y se registran primero en el Cauca, Valle y Nariño, y la solución no son los esquemas de seguridad individual, sino un colectivo con una política de seguridad. Se han invertido en esquemas de seguridad 63 mil millones en Cauca; 58 mil millones en Nariño y 46 mil millones en el Valle. La solución no es legalizar, sino combatir esas actividades”, reiteró la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.
Opinan senadores
Otros congresistas de la Comisión expresaron sus opiniones frente a estos sucesos, reclamando a las Fuerza Pública y al Gobierno Nacional acciones concretas y determinantes para frenar la ola de violencia que está castigando a varias zonas del país.
“Medidas contundentes se deben aplicar y no solo palabras, sino hechos para frenar esta violencia y garantizar el derecho a la vida, no más ruedas de prensa y declaraciones. No es problemas de este gobierno, es de todos los anteriores, es un problema estructural”, enfatizó el senador Iván Darío Agudelo, del Partido Liberal.
Agregó que “se debe recuperar la tranquilad de las regiones con más presencia del Estado con políticas sociales. La solución no es tan solo con más presencia de la Fuerza Pública, la ciudadanía espera resultados y tranquilidad, no seamos menos sino más y unirnos acá en el Congreso para ayudar a esa solución”.
Por su parte, la legisladora de las Farc Criselda Lobo destacó que “la pandemia está siendo aprovechada por los criminales para atacar a los jóvenes y duele en el alma ver llorar a las madres por el crimen de sus hijos. ¿Qué están haciendo las Fuerzas Militares para frenar estos hechos? Los campesinos necesitamos acciones concretas de las autoridades y frenar esa ola de violencia”
Su colega por el Centro Democrático Ruby Chagüi se refirió reiterando “que haya justicia y se apliquen esas medidas que anunció el Ministro de Defensa con una política de erradicación de los cultivos ilícitos y que se desarrolle pronto la aspersión aérea para acabar con ese mal del narcotráfico que es la fuente de financiación de los grupos armados”.
A su vez, la también senadora Claudia Castellanos (Cambio Radical), se pronunció señalando “Me uno a los sentimientos de solidaridad con las familias de las víctimas y es necesario que el Ejército desarrolle un apoyo más significativo para proteger a las comunidades en su seguridad y un accionar más contundente contra el narcotráfico.”
Ante la opinión surgida por el Ministro de la Defensa por el papel de las comunidades indígenas en esas regiones, el congresista Feliciano Valencia (Mais) dijo: “No es cierto que las comunidades indígenas no dejan entrar a las autoridades para sus operativos contra el narcotráfico. La guardia Indígena ha incautado muchos volúmenes de drogas y destruido laboratorios. Debemos buscar soluciones concretas para enfocar mejor la erradicación de los cultivos ilícitos”.
Y ante el anuncio de activar las aspersiones aéreas para erradicar las matas de coca, precisó: “No estamos de acuerdo en las comunidades indígenas con ese método, debemos buscar otras alternativas y estamos dispuestos a colaborar en lo que sea necesario. Consideramos que es inapropiado y debemos defender los recursos naturales, la fumigación aérea no es la solución”.
La recién posesionada legisladora Milla Romero (Centro Democrático) recordó que no solo se presenta esta situación en el sur del país, sino en la región nororiente. “Pido más acciones del Ejército para frenar la violencia que genera el narcotráfico y no solo en el sur del país, también en el Catatumbo, en Norte de Santander, donde los campesinos y habitantes de los municipios están siendo acosados constantemente por los grupos armados y también requerimos un accionar más contundente contra el narcotráfico”.
Finalmente la congresista por la coalición Decentes Aída Avella exigió que “el Gobierno debe desarrollar una política de paz y no de guerra, debe reanudar diálogos las Bacrim y desarrollar una política social para los habitantes de esas zonas afectadas. Política de Paz con inversiones sociales en regiones sumidas por la violencia”, reiteró a su turno.
Victimas
Tres familias de las víctimas de las últimas semanas intervinieron para clamar ante la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias Públicas, justicia, reparación, el esclarecimiento de los homicidios.
Ruby Cortés, madre de una las víctimas del homicidio de 5 jóvenes de Llano Verde en Cali, dijo: “No hemos tenido paz desde que asesinaron a mi hijo, eran niños inocentes y nuestra esperanza. Exigimos justicia de parte del Gobierno, no entendemos qué está pasando en esta población, necesitamos protección e inversión social. Nos están matando por decir la verdad, estamos solos, verdad y justicia por favor”.
Carlos Betancourt, padre de otro de los jóvenes, precisó: “Eran niños decentes y no eran delincuentes, mis hijos fueron víctimas, ya habíamos solicitado a las autoridades mayor presencia. Señor Fiscal por favor ayúdenos a que se haga justicia”.
“Necesitamos de verdad que actúen en favor del municipio y hagan investigaciones que lleguen a dar con los autores como una reparación a las familias de las víctimas y que el Gobierno llegue con acciones sociales, somos una comunidad vulnerable con muchas necesidades “, reclamó Erlendy Cuero.
“Requerimos una reparación integral para nuestro municipio. Teníamos una alerta temprana desde el año pasado por la Defensoría del Pueblo y no se actuó para defender a la población y ahora estamos llorando a nuestro familiar”, manifestó Carlos Betancourt, del municipio de Samaniego.
Las autoridades responden
El primero en responder fue el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, quien se comprometió a dar respuestas prontas a las inquietudes de las familias.
“Yo voy a estar al frente de este caso (Llano Verde) y voy a ir a Cali para generar respuestas a las familias de las víctimas como a la comunidad en general, estaré en primera línea y pronto daremos resultados, ya que estamos avanzando en la investigación pese a que hace una semana sucedieron los hechos. Pronto el país conocerá la verdad y esclarecimiento de este caso y de los demás sucedidos para que conozcan a los autores materiales e intelectuales” y agregó igualmente: “Estamos actuando con grupos especiales, con una élite interinstitucional, con personal especializado en criminalística para esclarecer todos estos últimos homicidios colectivos y ubicar a los responsable. La Fiscalía está comprometida para dar resultados concretos en corto tiempo”, puntualizó.
El viceministro del Interior, Carlos Baena, presentó a su turno las estadísticas de los hechos y anunció acciones en las regiones con la protección a líderes de derechos humanos como de acciones para las comunidades con el Plan de Acción Social y con inversiones en favor de las comunidades.
“Se han denunciado 238 amenazas contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos: 90 en el Valle, 32 en Nariño y 116 en el Cauca, donde se articula con las autoridades acciones de protección que coordina el Ministerio del Interior”.
Por su parte, el director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, Alfonso Campo, afirmó que se han fortalecido las acciones detalladas para proteger a líderes sociales: 662 esquemas de seguridad para el Cauca, mientras que para Nariño 548 y para el departamento del Valle 612.Además, inversiones que alcanzan un costo por el orden de los 14.105 millones de pesos.
El Ministro de la Defensa a su turno dijo: “El crecimiento de los cultivos ilícitos se debe al surgimiento también de grupos armados al margen de la ley y de allí la aparición de varias fracciones que luchan por los territorios y cultivos como de rutas e insumos, la aspersión aérea es una de las medidas que se van a desarrollar para erradicar los cultivos ilícitos, con las medidas previas que protejan la salud de las comunidades como también la no afectación del ecosistema y otros cultivos como lo ha recomendado la Corte Constitucional. De esa forma, se podrán erradicar cerca de 600 hectáreas diarias y así atacar el principal motivo de los homicidios colectivos como de otros delitos del narcotráfico”.
Agregó también que se creó una unidad especial de búsqueda de grupos armados del narcotráfico conformado de manera interinstitucional con las mejores unidades y estará cargo de la Dijín de la Policía Nacional.
“No se dieron las respuestas a las familias de las víctimas, no se puedo, no hubo atención y esas familias están sin garantías ni protección y lo que se debe es atender a esas comunidades que siguen en medio de la violencia y el Gobierno debe atender a las familias de las víctimas”, puntualizó por su parte el senador Alexander López, del Polo Democrático.
Conclusiones
Al concluir las intervenciones, la presidenta de la Comisión, senadora Paloma Valencia, destacó varios puntos ante los asistentes.
“El narcotráfico como delito conexo con la política fue un fracaso para la construcción de la paz. Todos los procesos de erradicación de cultivos ilícitos del Gobierno deben ir con obras públicas. Reemplazo de cultivos con otros, pero productivos para acabar la pobreza. Sí a la fumigación con aspersión aérea para que la erradicación sea más rápida. Programas sociales en las zonas. Valorar más los productos que sean de reemplazo de la radiación voluntaria con gran componente social con ingresos dignos. Construir la paz con realidad de los territorios que están tomados por la delincuencia. No más taques a la Fuerza Pública e insinuando sociedad con el narcotráfico. No a la legalización de la droga que nos llevaría a perder la exportación de nuestros productos y no más política bipolar.
