Por Hernando Fernandez de Castro Dangond
En Colombia los temas son recurrentes y no hay otro más repetitivo que la Reforma Judicial, la cual ha fracasado en diez oportunidades en su trámite ante el Congreso, cada vez que se presenta un problema, sea de funcionamiento o corrupción de las altas cortes o como en este caso, por haber enviado al expresidente Uribe a detención domiciliaria y a otros no, el país empieza a debatir la urgencia de una reforma judicial.
Colombia tiene claro que el Congreso ha demostrado hasta la saciedad, que no es la vía pertinente para llevar a cabo esta reforma constitucional, son muchos los intereses que se mueven en esta corporación, tanto políticos, como los de los mismos representantes de la Rama, que hacen lobby para que se aprueben o rechacen, o en uno u otro sentido las reformas planteadas.
Por eso no entendemos, que a sabiendas que se debe hacer urgentemente una reforma judicial, cuando se propone una constituyente para realizarla, salen enseguida los mismos que ayer y hoy critican el Congreso y a los congresistas, y que siempre los han señalado con epítetos como de “bandidos”, enmermelados, contratadores, incapaces, tramitadores de prebendas, en fin son muchos los señalamientos con los que estos personajes de la política, de los medios, y de la vida nacional, maltratan a diario el Congreso, pero vaya paradoja, estos mismos, son los que se oponen a la convocatoria de una constituyente para tramitar la tan anhelada reforma. Por esto es pertinente preguntarnos lo siguiente: ¿Será que estos ilustres personajes están cómodos y acomodados con las prebendas que disfrutan con lo que existe hoy, o son ellos los verdaderos beneficiarios de las actuales condiciones del funcionamiento de la justicia en Colombia?
Para nadie es un secreto, que lo más urgente de una reforma judicial hacer que esta llegue oportuna y eficazmente al común de los colombianos, que los jueces y magistrados se dediquen a administrar justicia exclusivamente, sin intervenir en actividades ajenas a sus funciones, las cuales únicamente son las de impartir justicia, sin que ninguna ideología, amores u odios, interfieran con sus decisiones y que deben olvidarse de la existencia del mal llamado “gobierno de los jueces” porque gobernar no es su función.
Colombia requiere urgentemente una Rama judicial, respetable y respetada y los únicos que tienen la capacidad de lograrlo, son los propios miembros de ella, desde el más encumbrado servidor, hasta el de menor categoría dentro de la organización.
Como el congreso no ha sido capaz de reformar la Justicia y esta es imperativa, se requiere acudir al constituyente primario, para que elija una Asamblea Constituyente para realizarla. Que nadie dude, que los que se oponen a utilizar este mecanismo, son los que hoy disfrutan de los privilegios que hoy esta les depara.
Es imperioso que exista un acuerdo entre todas las fuerzas públicas y privadas, para que se lleve a cabo la convocatoria de una constituyente con el fin de reformar la justicia y la política. Somos conscientes que los mecanismos que trae la Constitución del 91 para llevar a cabo este propósito, son complicados y largos de ejecutar, pero también es verdad, que Colombia, cuando ha querido hacer algo necesario para el país, siempre ha encontrado el camino, ejemplo de ello lo es que para reformar la constitución del 86, se convocó la Constituyente del 91 por medio de una papeleta que nadie contó y que todos dimos por hecho que era la expresión de la voluntad del pueblo o cuando el gobierno y el Parlamento se inventaron el proceso exprés en el Congreso para sacar adelante la paz de Santos.
La institucionalidad colombiana, debe hacer un “mea culpa”, y aceptar que el Congreso no es capaz de hacer la reforma judicial ni política, pero que estas son supernecesarias, por ello hay que tomar medidas urgentes para realizarlas y dejar de un lado los privilegios existentes, y tienen que pensar más en Colombia y los colombianos, que en sus propios intereses. El Mirador
