En los últimos dos años, Colombia dio pasos importantes en materia de eliminación, simplificación y digitalización de trámites, barreras y normas, gracias a las intervenciones de la estrategia ‘Estado Simple, Colombia Ágil”, con la cual se llegó a un consolidado de 2.263 acciones.
Los resultados de esta iniciativa, que forma parte del Plan Nacional de Desarrollo, han impactado la calidad de vida de los ciudadanos, la productividad de las empresas y la competitividad del país.
Las intervenciones han facilitado el acceso a servicios, simplificado el cumplimiento de obligaciones y les han ahorrado a los colombianos más de $200.358 millones.
Este balance positivo ha estado representado en menos tiempo de espera y desplazamientos, menores costos de transporte, de correspondencia, de impresiones, de fotocopias y reducción de tarifas. Todo esto se resume en procedimientos que van desde las historias clínicas hasta el Registro Único Tributario (RUT).
“Esta es una política de Gobierno. Es una herramienta eficaz contra la corrupción. Menos tiempo y recursos invertidos en trámites significa productividad para el sector empresarial y competitividad para el país. Mejorar tan importante indicador es atraer inversión, generar empleo y alcanzar un mayor crecimiento del PIB. Es un avance significativo”, destacó el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo Abondano.
Los resultados incluyen la simplificación, virtualización o automatización de 1.638 trámites y 197 barreras, y 428 mejoras normativas entre eliminación de normas obsoletas e intervención de normas de alto impacto.
En la estrategia han participado 268 entidades, que abarcan 82 alcaldías, 32 prestadores de servicios de salud, 20 institutos, 18 ministerios, 18 gobernaciones, 14 entidades educativas, 9 superintendencias, 7 agencias, 6 unidades administrativas especiales, 5 empresas de servicios públicos y 4 departamentos administrativos.
El resto corresponde a comisiones de regulación, corporaciones regionales, organismos de control, administradoras de pensiones, entidades financieras del Estado, fondos, unidades administrativas especiales y Fuerzas Armadas, entre otros. Algunas intervenciones involucran el trabajo conjunto de varias entidades, relacionadas con eliminar barreras al comercio exterior y acceder al programa de Familias en Acción.
Los 5 sectores administrativos del Estado con más intervenciones son, en su orden: Hacienda y Crédito Público (388), Vivienda, Ciudad y Territorio (240), Salud y Protección Social (228), Ciencia, Tecnología e Innovación (216) y Educación (186).
Ciudadanos y empresas
Las acciones realizadas han sido normativas, administrativas y tecnológicas, y han impactado 22 facetas de la vida diaria de las personas. De este total, 15 están relacionadas con el desempeño de las empresas, desde obtener el certificado de residencia en 16 municipios hasta crear empresas con la Ventanilla Única Empresarial (VUE).
La mayor cantidad de impactos está en los impuestos. En lo regional se destacan logros de alcaldes y gobernadores para facilitar el predial, el de industria y comercio y el impuesto de vehículos automotores. En lo nacional, se resalta el trabajo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con más de 60 intervenciones que simplifican la declaración y pago de tributos.
El Régimen Simple de Tributación (RST), de la Dian, lleva 10.336 contribuyentes inscritos entre 2019 y 2020. Además, 10 municipios han adoptado la tarifa del impuesto de industria y comercio, consolidado en 2019 de forma correcta. A esto se suma los $134.982 millones que se recaudaron de impuestos IVA, consumo y SIMPLE en 2019.
También han mejorado los indicadores de regulación empresarial, lo cual ha permitido agilizar el registro de propiedades, la expedición de permisos y el cumplimiento de requisitos. Se trata de facilitar la inversión extranjera, incrementar la generación de empleo, permitir rapidez en la formalización empresarial y mejorar el clima de negocios
Las cinco actividades empresariales con más impactos se relacionan con instalaciones (inmuebles, transacciones y servicios públicos), responsabilidad social (entorno y consumidores), formalización (legalización, reconocimiento y registros), calidad (certificaciones, requisitos fitosanitarios y garantías de idoneidad) y financiación (capitalizaciones, préstamos y subsidios).
En el otro frente, el de la vida cotidiana de los colombianos, las 5 facetas con más impactos son, en su orden, vivienda, educación, salud, empleo y adulto mayor, donde se destacan más de 50 relacionadas con el acceso al Sisbén, así como trámites pensionales nacionales, departamentales y municipales.
Del total de las acciones, un 53% beneficia a residentes de todo el país (nacionales) y un 47% a habitantes de regiones específicas (con entidades regionales de 27 departamentos y Bogotá). Entre las nacionales, una cifra cercana al 1% del total impacta a colombianos que residen en el exterior o extranjeros con intereses en el país, en su mayoría a través de los servicios de los consulados.
Tecnología para el futuro
Desde el lanzamiento de la estrategia se ha trabajado en automatizar y digitalizar. Muchos servicios y transacciones ahora se realizan por internet.
“Su valor se ha visto durante la cuarentena al permitir adelantar múltiples gestiones sin necesidad de desplazamientos y será fundamental para la optimización de los recursos en la reactivación del sector productivo colombiano”, dijo el Ministro Restrepo.
Más de 1.000 intervenciones involucran tecnologías que evitan desplazamientos. Recientemente, la Contaduría General de la Nación, el Departamento Nacional de Planeación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Superintendencia de Industria y Comercio abrieron canales digitales para procesos y procedimientos.
