El Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, destacó hoy la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de reafirmar el apoyo pleno al Gobierno y al pueblo de Colombia en el compromiso con la implementación del Acuerdo Final.
Archila reiteró que la administración del Presidente Iván Duque no ha bajado la guardia en ningún escenario de esa implementación, pese a la pandemia generada por el covid-19.
Hoy se cumplió la sesión trimestral del Consejo de Seguridad en una jornada virtual en la que los embajadores celebraron los esfuerzos que se han hecho en Colombia en la reparación de las víctimas, la lucha contra el narcotráfico, el apoyo a los excombatientes de las Farc, la investigación judicial por los asesinatos de líderes sociales y de quienes se encuentran en proceso de reincorporación, el soporte a las familias vinculadas a la sustitución de cultivos y la atención a las poblaciones más vulnerables.
“Trabajamos con la certeza de que la paz sea irreversible”, agregó Archila, quien resaltó también la afirmación del Embajador del Reino Unido ante el Consejo de Seguridad de la ONU, James Roscoe, en el sentido de que “las víctimas deben estar en el corazón de la construcción de paz en Colombia”.
Y celebró que el Jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Carlos Ruiz Massieu, y varios embajadores, destacaran los avances en las investigaciones de la Fiscalía General sobre los ataques y asesinatos de los excombatientes de las Farc.
Archila recordó su reciente pronunciamiento en el sentido de que el informe destaca la alta capacidad que ha tendido el Gobierno Duque para enfrentar la pandemia en cuanto al manejo gradual de regreso a la normalidad.
“Hemos continuado trabajando, pese a las dificultades, con férrea convicción y compromiso para sacar adelante nuestra política de Paz con Legalidad, que es la manera en como este Gobierno implementa el Acuerdo”, dijo.
Señaló que “con la política de Paz con Legalidad estamos produciendo los resultados que el país necesita, puntualmente con la protección especial a víctimas en tiempos del covid-19, la atención a cerca de 13 mil excombatientes de las Farc que dejaron las armas y hoy se están vinculando con sus familias a la sociedad, los pagos y suministros de insumos para cerca de 100 mil familias, unas 400 mil personas que abandonaron los cultivos de la coca, y el continuo fortalecimiento de la planeación de los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza”.
También puso de relieve el Consejero, el reconocimiento al papel del Gobierno de respetar la autonomía y las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz y de los demás organismos de la Justicia Transicional.
En la sesión
En la sesión, el Embajador de República Dominicana, José Singer, felicitó al Gobierno al afirmar que “con el programa de sustitución de cultivos ha logrado la participación de más de 35 mil mujeres que trabajan por sus familias: el 96% de las familias ha cumplido el compromiso de cambiar su actividad por un cultivo lícito”.
La Embajadora de Estados Unidos, Kelly Craft, aseveró que “se deben reconocer los esfuerzos del Gobierno para evitar que la pandemia desvíe a Colombia de la ruta hacia la paz y la seguridad”.
También se hizo evidente el reconocimiento a la labor del Gobierno por fortalecer el impulso a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, y el impacto positivo de esta labor en zonas vulnerables.
La Canciller
Por su parte, la Ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, enfatizó ante el Consejo de Seguridad de la ONU que el Gobierno del Presidente Iván Duque, aún en la situación de pandemia, mantiene el firme compromiso de implementar los acuerdos, atendiendo las acciones definidas en la política de Paz con legalidad.
Se refirió al trabajo que se ha cumplido en los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza, donde se ejecutan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, que se financian con recursos del presupuesto nacional, financiación pública y privada, y cooperación internacional, en una tarea que ha generado confianza entre los campesinos.
Dijo que en las regiones donde se están ejecutando los PDET, durante la administración del presidente Duque, 186 proyectos por valor de 423 millones de dólares han sido financiados por las regalías de la explotación petrolera y minera. Las agencias gubernamentales también siguen participando con 100.000 familias que han expresado su voluntad de abandonar el cultivo de coca y el tránsito a la legalidad.
La Canciller Blum manifestó que “la seguridad y la protección de los excombatientes, los defensores de los derechos humanos, los líderes sociales y las comunidades siguen siendo nuestro mayor desafío”.
Añadió que “el Gobierno ha articulado acciones de 15 agencias diferentes para fortalecer la prevención, la protección individual y colectiva, y el apoyo a la investigación y el enjuiciamiento. Todo esto, con un concepto integral de seguridad en el contexto de reincorporación y una política de tolerancia cero contra cualquier conducta irregular por parte de agentes estatales”.
Avances en las investigaciones
De acuerdo con el reporte al Consejo de Seguridad de la ONU, a partir del 8 de julio, la Fiscalía General de la Nación ha avanzado en la investigación de 146 de los 294 delitos registrados, desde la firma del acuerdo, contra excombatientes y sus familias. Este es un progreso en el 49,7% de los casos.
Indica que se han emitido 198 órdenes de arresto por homicidio, intento de asesinato y desaparición forzada, incluidas 51 para los instigadores identificados. Además de 27 condenas contra los responsables de estos crímenes hasta el momento.
Del resultado de las investigaciones, queda claro que los ataques contra ex combatientes están relacionados con la complejidad del medio ambiente y la amenaza que representan los grupos armados organizados involucrados en el tráfico de drogas y la minería ilegal. Estos actores criminales incluyen miembros no reincorporados de las Farc, el grupo terrorista Eln y otros grupos involucrados en el crimen organizado transnacional.
Manifiesta, también, que el Gobierno del Presidente Iván Duque está firmemente comprometido a construir la paz con la legalidad. El apoyo de la ONU es fundamental para continuar avanzando en la estabilización y el desarrollo de los territorios más afectados por la violencia y la pobreza. En medio de la actual crisis mundial, no debilitaremos nuestros esfuerzos.
Durante el período del informe –dice- se analizó en detalle las amenazas a la seguridad presentes en los municipios de Ituango (Antioquia) y Caldono (Cauca).
Y señala, por último, que a través de una estrecha coordinación entre las autoridades nacionales y locales con el acompañamiento de la Misión de Verificación, los excombatientes fueron reubicados de Ituango al municipio de Mutatá, que las medidas de protección solicitadas por los excombatientes también han sido aprobadas y el traslado de los excombatientes a Mutatá se dará mañana miércoles con todos los protocolos de seguridad.
