En medio de la grave crisis sanitaria, económica y social, provocada por la COVID-19, para el gremio ganadero resulta inexplicable la excusa de una sobreoferta de leche en el país, para justificar las decisiones arbitrarias que han tomado algunas empresas procesadoras de leche, aprovechando su liderazgo en el mercado, al reducir hasta en un 5 % el precio final de compra a los ganaderos y fijar cupos de entrega un 10% por debajo de su volumen habitual, reduciendo así, en más de un 14,5 %, el ingreso neto a más de
300.000 pequeños productores en todo el país. Resultan aún más arbitrarias estas decisiones, al revisar las cifras de importaciones de los primeros cinco meses del año, que ya superaban las 40.000 toneladas. Es bien conocido que el país produce 7.300 millones de litros al año, pero la industria solo procesó 3.241 millones en 2019, dejando de procesar más del 50 % de la leche fresca producida por nuestros ganaderos en las diferentes regiones del país.
Adicionalmente, vale la pena recordar que el consumo per cápita de leche higienizada en el estrato 1 es de apenas 39 litros al año, mientras que en el estrato 2 solo alcanza 58 litros, lo cual, frente al consumo recomendado por la FAO de al menos 180 litros de leche por persona al año, significa que más de 30 millones de personas de los estratos 1 y 2 no tienen la oferta suficiente para consumir la proteína de origen animal más barata del mercado.
Por otra parte, la industria procesadora, apoyada en su condición oligopsónica y su posición dominante, busca insistentemente la reducción y liberación de los precios de compra, como se insiste en el último comunicado de ASOLECHE, mientras los precios de venta al consumidor, en leche y sus derivados aumentan de manera incontrolada, como se advierte en la gráfica siguiente, donde se evidencia que de 2009 a 2019 el precio de venta al consumidor subió 13,2% por encima del incremento del precio al productor, profundizando la brecha que no solo empobrece al sector primario, sino que reduce el consumo nacional.
