Con carta dirigida a los presidentes de las comisiones económicas del congreso de la república, los Alcaldes de los Municipios PDET de la subregión Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía del Perijá, conformados por Agustín Codazzi, Aracataca, Becerril, Ciénaga, Dibulla, Fonseca, Fundación, La Jagua de Ibirico, La Paz, Manaure Balcón del Cesar, Pueblo Bello, San Diego, San Juan del Cesar, Valledupar y el Distrito de Santa, que hacen parte de los 170 municipios PDET, las cuales han sido las comunidades más afectados por la violencia y la pobreza, representadas por 2.5 millones de víctimas. Asimismo, múltiples problemas asociados a la presencia de grupos armados al margen de la ley, las economías ilegales, la presencia del narcotráfico y ahora, los rigores de la pandemia.
Manifiestan que han encontrado en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET, un camino para la transformación de sus municipios, ven la oportunidad de reconciliación y el fortalecimiento económico y social en estos territorios.
La buena voluntad del actual gobierno frente a la Política de Paz con Legalidad logró que los recursos de asignación para la paz, provenientes de las regalías por la explotación de hidrocarburos, se destinaran exclusivamente para iniciativas PDET. No obstante, éstos equivalen únicamente al 7% de las regalías del país, lo cual es insuficiente para cubrir todas las necesidades históricas en nuestros municipios.
Sin embargo, estas acciones requieren un esfuerzo adicional por parte del Gobierno Nacional para volver realidad las 32.808 iniciativas que nuestras poblaciones identificaron en los PDET. El reto que tiene el estado Colombiano es dar un mayor impulso presupuestal que garantice la reactivación económica mediante un mayor número de proyectos de inversión que atiendan las necesidades de nuestros territorios.
De acuerdo con el panorama anterior, piden al Gobierno Nacional que se adelanten los recursos del fondo de Asignación para la Paz que se encuentran proyectados hasta el año 2037. Lo anterior sería un gran impulso, orientado a la financiación de proyectos de inversión entre 2020 a 2022, el cual dará un mayor dinamismo a sectores priorizados para el desarrollo del territorio como lo son transporte, salud, agua potable, saneamiento básico, educación, energía, entre otros.
