Después de que el pasado 31 de enero el Ministerio de Salud y Protección Social emitiera la Resolución 113 de 2020 que reglamenta el proceso de certificación y registro de localización y caracterización de personas con discapacidad –RLCPD-, ahora se emite la Resolución 1043 que dicta los criterios para que las secretarias de salud obtengan recursos y los puedan ejecutar en la implementación de la certificación de discapacidad.
“Este proceso dará inicio a partir del próximo semestre y permitirá que las personas con discapacidad puedan contar con un documento que confirme su condición de discapacidad”, explicó Óscar Siza, jefe de la Oficina de Promoción Social.
En el mismo sentido, añadió que usualmente el certificado de discapacidad lo usarán las personas para acceder a diferentes planes, programas y beneficios del Estado, cuya oferta institucional se presenta en sectores como trabajo, educación, deporte, cultura, Departamento de Prosperidad Social, entre otros y, se ajustan a las dinámicas de cada distrito o municipio.
Sin embargo, la Resolución 1043 de 2020 va más allá. Con el objeto de asignar y distribuir recursos del presupuesto general de la nación, destinados a la realización de valoraciones para la certificación de discapacidad, solicita a las entidades territoriales certificación de cumplimiento de los siguientes criterios:
Entre estos que las IPS autorizadas por las entidades territoriales tengan una capacidad operativa y que cuenten con por lo menos un equipo multidisciplinario para la realización del procedimiento de certificación de discapacidad; servicios habilitados de medicina, enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología, optometría y psicología relacionados con las disciplinas de los equipos conformados, infraestructura técnica, tecnológica y administrativa para el reporte de la información, apoyos y ajustes razonables entre otras condiciones.
“La oficina de Promoción Social de este Ministerio realizará la verificación de las certificaciones expedidas por los secretarios de salud de los entes territoriales, para que cumplan con los requisitos establecidos y emitirá concepto de viabilidad para la asignación de recursos”, explicó Siza.
De esta manera se espera emitir una siguiente resolución de distribución de recursos que permitirá realizar el giro de los mismos a cada entidad territorial para que procedan a realizar las valoraciones para la certificación de discapacidad.
“Con ese próximo acto administrativo los departamentos podrán contar con los recursos para realizar la certificación y el registro de las personas con discapacidad en cumplimiento de los compromisos que tiene el Ministerio”, concluyó el jefe de Promoción Social.
