El Gobierno Nacional aseguró que va a apoyar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la elaboración e implementación de sanciones que se les dará a los excombatientes de las Farc.
Esto se da, luego de una carta enviada por parte de la presidenta de la JEP, Patricia Linares, al presidente Iván Duque donde le solicitaba garantizar la continuidad de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas para el acompañamiento de las sanciones que impartirá el tribunal.
La petición la hizo el consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, y esta, coincidía con que el mandato de la Misión estaba a punto de vencer y para renovarlo, por esto, el Gobierno debía tramitar la solicitud ante el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y este debía acudir al Consejo de Seguridad.
“Aprovecho para reiterarle que, con mucho gusto, en el rol de articuladores del proceso de implementación del acuerdo en el Gobierno, puede usted contar, señora presidente, con que, desde esta consejería, continuaremos trabajando en los distintos frentes en que ya lo hacemos para apoyar a la JEP en el diseño y posterior implementación de las sanciones propias”, aseguró Archila.
Según el Consejero Archila, el Gobierno había decidido ampliar el mandato de la Misión Verificadora de las Naciones Unidas en Colombia, con el objetivo de que esta instancia pueda ejecutar el monitoreo de las sanciones propias que imponga la JEP. Adicionalmente dijo que la Misión de Verificación fue renovada hasta el próximo 7 de agosto de 2022.
Según lo acordado las sanciones van afectar solo a aquellos que reconozcan temprano verdad y responsabilidad y consistirán en trabajos, obras y actividades que reparen el daño causado a las víctimas. También habrá sanciones de desminado, sustitución de cultivos y labores para la conectividad tecnológica de las zonas afectadas por la guerra.
