El movimiento la “Rebelión de las canas” asegura que el Gobierno está violando el derecho de las personas mayores de 70 años con las medidas de restricción de movilidad por la pandemia del coronavirus.
El movimiento llegó a los estrados con tutela en mano, y en el papel afirman que se les está vulnerando los derechos de igualdad, libertad de locomoción y libre desarrollo de la personalidad con el aislamiento obligatorio que impuso el Gobierno con estrictas medidas para la población de personas mayores.
Entre los demandantes se encuentran el exministro Rudolf Hommes, el exalcalde Maurice Armitage Cadavid, y el exvicepresidente Humberto de La Calle.
El grupo de demandantes plantea que con las resoluciones 464 y 844 de 2020, el Gobierno implementó el aislamiento obligatorio para mayores de 70 años hasta el 31 de agosto, y que esta situación, afecta los derechos anteriormente mencionados.
Así mismo, discuten que, “sin justificación legítima”, se les están limitando sus derechos de forma mucho más severa que para otros adultos, menores de 70. Además, aseguran que el único argumento del Ministerio de Salud para limitar su movilidad es que los mayores de 70 “están en especial riesgo”, y ante esto, afirman, que si bien es cierto que empíricamente los adultos mayores son más propensos a sufrir complicaciones por el covid-19.
Por otra parte, también exponen que aislar a este grupo de personas no sería una medida adecuada para evitar la ocupación de UCI y demás insumos médicos, ya que “las restricciones a grupos específicos deben fundarse en la cooperación y no en el control y la sanción autoritarias, que suelen derivar en rechazo, escepticismo y rebelión por parte del grupo cuyos derechos se ven limitados”.
En contraste, dicen, que este aislamiento podría terminar afectando la salud de los mayores, como el funcionamiento metabólico, la frecuencia cardiaca, aumento de tensión arterial, niveles de azúcar en la sangre, problemas de sobrepeso y pérdida importante de vitamina D.
Por los motivos anteriormente mencionados, solicitaron a los jueces inaplicar los decretos impuestos por el Gobierno que impiden su movilidad.
