Por: Miller Soto
Cuando en el marco de una sociedad devastada por una era conflictiva en la que sistemáticamente se cometieron crímenes de lesa humanidad, se toma la decisión de afrontarlos después de unas negociaciones que pretenden desembocar en un periodo de verdadera paz, es comprensible que en medio de esa era conflictiva y ese periodo de paz, surja una fase transitoria en la que debamos tragarnos sapos con olor a impunidad que contemplen disminución de penas o penas alternativas dirigidas a beneficiar a actores que se comprometen a decir la verdad y a reparar a sus víctimas. Dicho así, no dejará de incomodar a más de uno, pues no es secreto que para buena parte de la sociedad, la noción de paz está inexorablemente ligada a la justicia concebida como una dinámica en la que la dimensión de las penas debe ser proporcional al tamaño de los crímenes que las originan. No obstante, debemos entender que la justicia transicional, es otro tipo de justicia. Ella surge como consecuencia de esa decisión de afrontar, con ánimo reconciliador, un pasado que nos devastó y que queremos superar encaminándonos hacia la paz mediante una serie de hechos, gestos, instituciones y disposiciones que nos lo faciliten.
El caso de Colombia, en cambio, es otra cosa. Uno supone que reparar a las víctimas y decir la verdad, han de ser lubricantes que nos permiten tragarnos esos sapos con olor a impunidad; y uno supone, además, que las reparaciones y las verdades habremos de verlas en una sede constituida para tales efectos: la Jurisdicción Especial para la Paz, o como afectuosamente le llamamos, la JEP.
Pues bien, esta entidad constituida especialmente para abordar los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridos durante el conflicto, debe ser el escenario de esa particular justicia en la que se combinan las penas muy leves o inexistentes (los sapos a tragar), con las reparaciones y las verdades por parte de los victimarios (los lubricantes traga-sapos). Pero no. Después de más de dos años de haber entrado en funciones, la JEP, en lugar de ser un escenario real de justicia transicional, resulta ser un monstruo burocrático y contractual con ningún resultado digno de resaltar.
Entre 2018, 2019 y lo que va del 2020, esta entidad le ha costado a los colombianos casi un billón de pesos. Y bueno, aunque este tipo de instituciones baratas no son, uno esperaría que tan alto costo se vea reflejado en resultados. Sin embargo, al analizar uno que otro “detallito”, encontramos una dinámica excesiva de gastos que, a la luz de mis bellos ojos, carecen de justificación al contrastarlos con lo que debería ser su misión. Veamos algunos:
– Organismos internacionales: la JEP se ha gastado unos 35 mil millones de pesos en convenios suscritos con Naciones Unidas y con la Organización de Estados Iberoamericanos. Dichos convenios, cuyos objetos se circunscriben a diversas modalidades de “aunar esfuerzos”, no le hacen un aporte material ni al funcionamiento de la institución, ni mucho menos a las víctimas, las cuales deberían ser el objeto primordial del contexto transicional.
– Arriendo de la sede de la JEP: esta entidad firmó un contrato de arrendamiento con JUAN GAVIRIA RESTREPO y CIA S.A., por la belleza de 19.219 millones por concepto de un año de alquiler del edificio TORRE SQUADRA. ¡Caramba! Ni que hubieran alquilado el Empire State Building de Nueva York. Mejor se hubieran comprado un edificio.
– ¿Nómina paralela? La JEP, a pesar de contar con un presupuesto para funcionamiento que supera los 200 mil millones al año y que incluye todo su aparato burocrático, se ha gastado en contratos de prestación de servicio unas sumas cercanas a los 39 mil millones en 2019 y a los 21 mil millones en lo que va del 2020, llevándonos necesariamente a cuestionar el diseño de una planta de personal que “aparentemente” no alcanza a cubrir gran parte de las funciones para la cual fue constituida. Una feria de contratos de prestación de servicios cuyos criterios para celebrarse no resultan muy claros.
– La UNP: la Jurisdicción Especial para la Paz, ha suscrito convenios con la Unidad Nacional de Protección, que si bien es una institución del Estado, sería interesante entender cuáles son los criterios para determinar la dimensión de los mismos, en la medida en que, por ejemplo, en tiempos de pandemia los esquemas de seguridad deberían disminuir su gasto y eventualmente su tamaño. Es curioso que en este último año se hayan firmado dos convenios con esta entidad: uno de 10.291 millones el 3 de marzo, y otro de 13.200 millones once días después.
– Tiquetes aéreos: la JEP firmó un contrato para la compra de tiquetes aéreos nacionales e internacionales por la suma de 1.177 millones con RECIO TURISMO S.A. en 2019. Luego, en marzo de 2020, o sea, en plena pandemia, firmó otro de 2.419 millones con SUBATOURS, la misma empresa que en 2017 subcontrató a MARKETMEDIOS, propiedad del tristemente célebre Prieto, para la logística del gobierno Santos. Aquí sería genial conocer cómo se justificará la ejecución de este contrato durante los meses covid.
Además, hay otros contratos relacionados con estudios, digitalización de archivos, comunicaciones, vigilancia, ámbitos virtuales, etc., en los que podemos encontrar variadas curiosidades. Pero más allá de todo esto que a la larga es tarea de los órganos de control, lo que más inaudito me parece es el hecho de que una jurisdicción supuestamente concebida para abordar más de medio siglo de conflicto con los narcoterroristas de las farc, hoy sólo presente como gran cosa, cuatro grandes casos (“retenciones ilegales” por parte las farc; situación territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas; muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate; y situación territorial de la región de Urabá), no llamando a las cosas por su nombre e ignorando el hecho de que en Colombia no es un misterio que la cantidad de crímenes cometidos por estos bandidos, debería producir la apertura de muchísimos más grandes casos que hoy duermen en la cuna de la impunidad. Contrario a eso, la JEP tiene como espectaculares cartas de presentación, un baño multigénero inaugurado con bombos y platillos, su coincidencia con los sectores extremistas de izquierda, la vinculación inexplicable de más de un político que ayudó a crearla, y la enorme ayuda que facilitó la huida de Santrich.
Los optimistas que nunca creímos en las grandes bondades del proceso de paz considerando el enfoque que se le dio, pudimos tener la leve esperanza de que este tribunal, en buena hora, nos tapara la boca. Pero no. Su tiempo al aire lo que ha logrado es que confirmemos que las gatas procrean gatitos; las yeguas, caballitos; y las puercas, cerditos. La JEP es el engendrito parido por un engendro que nos presentaron como proceso de paz, y que, junto a las disidencias, las hectáreas de coca y la eterna displicencia con las víctimas que no ven reparación y no conocen la verdad, representa la amarga realidad de un país perennemente negado a cerrar sus heridas.
