Luego de que la Fiscalía ordenara este viernes la captura del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, algunos líderes políticos expresaron su solidaridad con el mandatario quien, según su equipo de prensa, padece quebrantos de salud.
En un comunicado, la Fiscalía explicó que tiene pruebas contra Gaviria sobre el pago irregular de anticipos y otras anomalías en el proceso de contratación y construcción de la Troncal de La Paz.
De acuerdo con la Fiscalía, en la época cuando Aníbal Gaviria se desempeñó como gobernador de Antioquia entre los años 2004 y 2007 “incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros”.
El fiscal del caso encontró que, en el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz, en el tramo La Cruzada-Caucasia, suscrito en el año 2005 por $41.663’432.778, “se pactó inicialmente un anticipo del 25% y luego se amplió al 29%, lo que significó casi 1.500 millones de pesos de más para el contratista”.
El proceso fue a parar a manos de un fiscal de la seccional de Antioquia, y estuvo archivado por siete años, hasta el segundo semestre del 2018 cuando en una revisión, el expediente se remitió a la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia por ser la competente para investigar al hoy gobernador.
Asegura el ente acusador, que el gobernador de Antioquia, fue citado a indagatoria en cuatro oportunidades a finales de 2019 y siempre hubo excusas y aplazamientos para no concurrir a explicar las sindicaciones que se le hacen.
Ante la negativa de Gaviria de asistir a las audiencias citadas, el fiscal del caso determinó imponer medida de aseguramiento consistente en detección en su domicilio al considerar que Aníbal Gaviria podría ser un riesgo y obstruir la investigación.
Aníbal Gaviria, es procesado por los delitos contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. La decisión ya fue notificada al Presidente de la República, Iván Duque el cual procedió a encargar al actual secretario de Gobierno, Luis Fernando Suarez como Gobernador encargado.
Después de cuatro inasistencias a audiencias e indagatorias sin asistir, es claro que no corresponde a una persecución de la Fiscalía y que la opinión pública debe entender la obligación de los funcionarios públicos de atender las diligencias judiciales donde se deben esclarecer actuaciones que comprometen recursos de los ciudadanos.
