Por: Rubén Darío Ceballos Mendoza
Importaría que se ejemplarizará con investigaciones de fondo y sanciones de todo tipo (penales, sociales, fiscales, económicas, disciplinarias y las que fueren del caso), a aquellas personas, servidores públicos o no, que en tiempos de emergencia o crisis atenten, así sea levemente, contra los recursos de todo tipo destinados a superarlas. Sanciones que en lo posible fuera la pena máxima sin que la gradualidad opere, si la infracción se ha cometido aprovechándose del régimen propio de la declaratoria del estado de excepción, bien sea conmoción nacional, desastres naturales, epidemias, eventos similares, o contrataciones de emergencia en cualquier nivel de gobierno, incluidos los seccionales.
Nos arropa una grande e inmensa corrupción, razón por la que tenemos todos que estar ojo avizor, alerta, a la defensiva, para que los dineros que ingresen a las arcas oficiales no se desvíen, lo que impone que ciudadanía, columnistas, comentaristas de medios de difusión, manifiesten sin cesar y con grande enojo si se quiere, la necesidad de exigir pluma cierta y voz en cuello, un pare definitivo a los abusos que se cometen con los dineros públicos, casi siempre con impunidad, cuyos autores aprovechan para delinquir en cualquier tiempo, incluso en crisis.
Hemos sido testigos de excepción de ello. Observamos atónitos en estos días toda clase de extralimitaciones con los dineros públicos. Desiguales sobreprecios en insumos médicos, materiales de bioseguridad, mercados para población necesitada, que han obligado denuncias a funcionarios, bajo sospechas de sobornos, conflictos de interés, desvío de recursos, tráfico de influencias. Más que una crisis sanitaria, económica, social (y política) como en nuestro caso, es una pandemia de corrupción que hay que detener a toda costa, más cuando parece inmune a las circunstancias. No hay derecho a que esto suceda. La situación que vivimos implica riesgos de corrupción específicos e intensifica los habituales. Hay extralimitaciones y prácticas corruptas por doquier, frente a la vista increíblemente de los órganos de control, lo cual genera mayor preocupación.
Requerimos una seria estrategia anti-corrupción, aprender de las buenas prácticas, recurrir a acciones concretas, reaccionar rápida y efectivamente, activar procedimientos de prevención para compras bajo emergencia, documentar y auditar las compras ‘ex post’, asegurar una máxima apertura de la información que permita el control en tiempo real, establecer requisitos detallados para que las empresas y ciudadanos (incluido el sector informal) participen en procesos transparentes de aplicación y asignación de programas de ayuda minimizando la posibilidad de fraude; crear y promover mecanismos para que los diferentes actores puedan señalar dudas o denunciar conductas corruptas o poco éticas; crear grupos de reacción o de trabajo entre actores para asegurar y monitorear la implementación de medidas y reforzar la coordinación de intervención; así como compartir datos, nuevos riesgos, señalar problemas y demás.
En relación con el largo plazo, conveniente es valorar y aprender lecciones de emergencia anteriores, revisar y mejorar los procedimientos de contratación pública en situaciones de emergencia, mejorar y desarrollar la capacidad de análisis de datos en la auditoria externa, para permitir un control continuo y preventivo; en lo que es clave analizar y corregir las regulaciones que clarifiquen cómo deben interactuar el sector privado y los decisores y oficiales públicos; así como reforzar mecanismos de coordinación y cooperación, como también considerar la posibilidad de revisar sus estrategias y políticas de prevención de fraude, tomando en consideración el probable aumento de beneficiarios debido a la crisis económica; aspectos todos que en conjunto, sino controla del todo ésta muy grave enfermedad que es la corrupción, al menos la mitiga en parte, lo que es de plano un gran avance, ante el caos existente, generador de decepción. rubenceballos56@gmail.com *Jurista
