La emergencia del COVID-19, ha sacado a flote la gravedad del problema de subsistencia que por años han padecido miles de familias en Santa Marta. En una ciudad, donde el desempleo alcanza el 12.9% y la informalidad llegó al 62,2%, (DANE 02/2020), no podía esperarse que sus habitantes especialmente los más vulnerables-, disciplinadamente decidieran refugiarse en sus hogares, como si tuvieran resueltos los medios para solventar una cuarentena –e aproximadamente un mes- de brazos caídos, mientras el hambre azota a sus familias.
No es de extrañar que a pesar de las órdenes de confinamiento emitidas por el Gobierno Nacional -replicadas por el Distrital-, muchos habitantes se vean en la obligación de salir de sus casas a intentar mediante el habitual “rebusque”o la caridad de otros, solucionar las necesidades diarias de sus familias. Con esta desobediencia civil, los habitantes se arriesgan no solo a ser sancionados por la autoridad, sino también a contagiarse del COVID-19. Esto, sin embargo, no ha servido para persuadirlos de acatar las medidas, pues, como se observa en redes sociales y medios de prensa, cada día aumentan las aglomeraciones en barrios y calles principales de la ciudad, donde distintos sectores sociales reclaman ayudas por parte del Estado.
El Gobierno Nacional, ante la gravedad de la emergencia que se avecinaba, emprendió una intensa labor para agilizar la entrega de apoyos financieros a las familias vulnerables con el fin mitigar el impacto económico que estas sufrirían. Consciente de que ante la magnitud de la emergencia estos paquetes de ayudas serán insuficientes, mediante el decreto 513 de 2020, el Gobierno Nacional también autorizó a los mandatarios locales para que con cargo a los recursos de Asignaciones Directas y Fondo de Compensación Regional del 40%, aprueben directamente proyectos de inversión que tengan por objeto la atención en salud, alimentación, garantía de servicios públicos, desarrollo rural y suministro del recurso hídrico.
Por su parte, el Gobierno Distrital se ha centrado en atender la emergencia humanitaria mediante la entrega de mercados y la provisión de agua, pues por desgracia el COVID-19 en Santa Marta, además de pasarnos factura por la precariedad económica de gran parte de nuestra población, ha venido también a enrostrarnos el atraso que padecemos por cuenta de la deficiencia en la prestación del servicio de acueducto.
Si bien, estas ayudas servirán en el mejor de los casos para contener la crisis humanitaria impuesta por las medidas de confinamiento, lo cierto es que la crisis real apenas comienza, y no sabemos con seguridad, cómo, ni durante cuánto tiempo, ésta impactará la calidad de vida de la población y la economía local en general.
Ante el complejo escenario que se vislumbra, es preciso que el Gobierno Distrital como todos los gobiernos locales del país- comience a ajustar la prioridad de acciones e inversiones previstas en su Plan de Desarrollo, pues las expectativas de crecimiento y desarrollo económico ya no serán las mismas en el orden nacional y mundial. En adelante, la gestión pública local deberá además de atender los efectos inmediatos de la emergencia, trabajar con mayor severidad para corregir los niveles de vulnerabilidad y desigualdad socioeconómica que, como sociedad mezquinamente hemos tolerado hasta ahora.
En Santa Marta, no se puede volver a cometer el error de proponer como Gobierno y mucho menos aceptar como ciudadanos, que los recursos públicos se direccionen hacia intervenciones cosméticas, mientras las necesidades básicas y determinantes para mejorar la calidad de vida y competitividad del territorio siguen sin solución.
El nuevo gobierno distrital deberá enfocar su gestión en fortalecer la base empresarial local, fomentar la atracción y retención de la inversión y promover el posicionamiento de ciudad. En cuanto a ejecución de obras, será fundamental la inversión pública para la solución definitiva del sistema de acueducto y alcantarillado, la construcción y adecuación de puestos de salud, la construcción de escuelas, viviendas de interés social y vías urbanas.
De no cambiar el rumbo que hemos andado hasta ahora, Santa Marta estará condenada al ciclo vicioso de pobreza y vulnerabilidad del que pelecharán los políticos y contratistas corruptos de turno y de siempre.
