- El Juzgado Tercero Penal Municipal concedió la solicitud de abstenerse de publicar los resultados de los exámenes que realizaron los aspirantes al cargo.
Debido a una tutela interpuesta por Fidel Castro Tapia, en contra de la Asamblea del Magdalena, su directiva, la Comisión Accidental para la convocatoria pública y la Universidad de la Costa, el Juzgado Tercero Penal Municipal concedió la solicitud de abstenerse de publicar los resultados de los exámenes que realizaron los aspirantes al cargo de Contralor depalrtamental.
En el oficio, el despacho judicial indica que, “la Asamblea a través de su presidenta Claudia Aarón, a la Mesa directiva, la Comisión Accidental y a la Corporación Universitaria de la Costa, para que en el término de dos días hábiles, contados a partir de la notificación del proveído, rinda un informe detallado sobre los hechos expuestos en el escrito de tutela, respuesta que se considerará rendida bajo la gravedad del juramento, y si no lo hiciere se tendrá como cierto lo afirmado por el accionante”.
Asimismo, el juez señala en su concepto que la omisión injustificada en el envío de los documentos dará lugar a imposición de la sanción de desacato que consagra el artículo 52 del decreto 2591 de 1991, como también que se tendrán por ciertos los hechos manifestados por el solicitante y entrará a resolver de plano.
Cabe recordar que el gobernador electo, Carlos Caicedo Omar, no tiene la mayoría de votos en esta corporación encargada de elegir la terna para la elección de nuevo contralor, cargo importante en el departamento porque será quien haga la gestión de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos que serán administrados por el gobernador electo.
Extraoficialmente se conoció que, con esta nueva tutela, Claudia Aarón quien es la presidenta de la Asamblea, finaliza su periodo al mando de esta corporación, dejando inconclusa la elección del nuevo contralor del Magdalena.
Es válido resaltar que a partir de este 20 de diciembre, inicia la vacancia judicial, la cual irá hasta el próximo 10 de enero del 2020, tal como lo dispone el artículo 146 de la Ley 270 de 1996.
