- El común denominador en estos procesos es el incumplimiento en la ejecución de las obras contratadas.
La Contraloría General de la República entregó un balance de su gestión en el departamento de Magdalena, resaltando tres grandes casos que adelanta en materia de responsabilidad fiscal, en distintas etapas, por una cuantía que suma $7.615 millones.
En una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, que tuvo lugar en el auditorio de la Universidad Antonio Nariño, se destacaron los siguientes casos, donde el común denominador es el incumplimiento en la ejecución de las obras contratadas.
El primer caso se adelanta en el municipio de San Zenón en relación al proyecto denominado urbanización “José David Martínez Chamorro”. De acuerdo con el ente de control se determinó que las viviendas en construcción no cumplen con las normas colombianas de diseño y construcción sismo resistente, lo cual genera un detrimento al patrimonio del estado en cuantía de $405.460.043. Los declarados responsables fueron el alcalde municipal de ese momento, el arquitecto contratista y el interventor.
En el segundo caso la entidad afectada es el Fondo Adaptación debido al incumplimiento en la ejecución del contrato de obra 106 de 2013 celebrado por dicho Fondo para el diseño y construcción de instituciones educativas en Municipios del departamento del Magdalena. La cuantía del proceso asciende a la suma de $5.451.173.965, encontrándose vinculado el contratista.
El última caso se ejecuta en el municipio de El Banco, por la suscripción con la Empresa de servicios Públicos El Banco SA ESP un convenio interadministrativo, para la ejecución de proyectos de acueducto y alcantarillado, con cargo a recursos de regalías.
Los proyectos se relacionaban con la construcción del sistema de alcantarillado para la zona tres, construcción de la etapa II de la misma zona, y construcción y optimización del sistema de acueducto y sistema de alcantarillado del Municipio, sin que se adelantara toda la construcción de obra contratada.
El presunto daño se cuantifica en la suma de $1.758.393.399, siendo vinculados al proceso el alcalde y el gerente de la ESP de la época, junto al consorcio contratista e interventor.
